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lunes, septiembre 26, 2022

Europa exige a Sánchez que desligue la Fiscalía General del control del Gobierno

Además Bruselas ve "prioritario" renovar el CGPJ y exige una reforma "inmediatamente después" del método de elección

La Comisión Europea se ha puesto seria con España en el asunto de la judicatura y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez como una «prioridad» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la vez ha exigido que «inmediatamente después» de tal renovación se inicie el procedimiento para la reforma, con los estándares europeos, que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces.

La petición viene recogida el informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado este miércoles, donde por primera vez incluye recomendaciones por país (seis en el caso de España), y hace un llamamiento de nuevo a reforzar el estatuto del Fiscal General para salvaguardar su independencia.

La Comisión recomienda en particular a España en su informe de este año «proceder a la renovación del Consejo del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos».

Incluye además otras cinco recomendaciones a España y recuerda al país «los compromisos asumidos en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en relación con determinados aspectos del sistema de justicia».

Bruselas recomienda también «reforzar el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación del mandato del Fiscal General del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal».

Otra sugerencia es la de «continuar los esfuerzos para presentar legislación sobre cabildeo, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de cabilderos». También pide a las autoridades españolas «abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel».

Anima a «garantizar recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales fortalezca sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios, en particular en lo que respecta a la adecuación de los recursos».

Por último, recomienda «seguir trabajando para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales».

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