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sábado, junio 22, 2024

El Tribunal de Cuentas el primero en presentar un recurso contra la Ley de Amnistía ante la Justicia europea

El fiscal de la causa pide una responsabilidad contable de 3,1 millones de euros a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a otros líderes independentistas

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El Tribunal de Cuentas ha sido el primero en dirigir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)para que se pronuncie sobre la Ley de Amnistía que este martes se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que dicte como debe actuar el órgano fiscalizador de acuerdo con el derecho de la Unión Europea.

Elena Hernáez, consejera del departamento de enjuiciamiento encargada de la causa de los gastos del ‘procés’ en el exterior y del referéndum ilegal del 1 de octubre, optará por esta vía, ya que el artículo 13, señala que la medida de gracia se aplicará en cualquier fase del proceso del reintegro por alcance «declarando el archivo de las actuaciones».

El fiscal de la causa pide una responsabilidad contable de 3,1 millones de euros a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a otros líderes independentistas implicados en la causa.

En la providencia dictada después de publicarse la ley en el BOE este martes, suspende el plazo para dictar sentencia y da 10 días a las partes para que se pronuncien sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial, como parte del procedimiento, ya que considera que hay distintos artículos de la ley que podrían «oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea».

Los artículos de la ley de Amnistía cuestionados en la resolución son el 1, el 2e, el 8.3, el 10 y el 13.3. En cuanto a los preceptos del Derecho de la Unión Europea cuya interpretación que se pedirían al TJUE por el Tribunal de Cuentas mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial son los relativos a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE», al «principio de cooperación leal», a los «principios de igualdad y de no discriminación» y a los «principios de seguridad jurídica y confianza legítima» y al «principio del Estado de Derecho», según ha informado el órgano fiscalizador.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal de Cuentas declaró visto para sentencia el procedimiento con el que se esperaba recuperar el dinero público empleado en la promoción del proceso independentista en el exterior a través de las embajadas catalanas y lo invertido en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

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