El Tribunal Supremo no para de recibir querellas, de momento una decena, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros, Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera, por la pésimas gestión durante la DANA en la Comunidad Valenciana.

La Sala de lo Penal, desde el pasado día 29 de octubre, no para de recibir querellas, de Asociaciones, sindicatos, partidos y particulares, entre ellos el partido Iustitia Europa (el cual también se ha querellado contra el presidente valenciano, Carlos Mazón), el sindicato Manos Limpias (que ha registrado hasta tres escritos), la formación política Vox, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, el Movimiento para la Regeneración de España y dos particulares, un total de nueve hasta el estos instantes, contra Sánchez y sus tres ministros.

De momento el TSJ valenciano ya ha admitido a trámite la primera de las demandas interpuestas contra el presidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón, por el retraso en enviar el mensaje masivo de aviso de emergencia, que se envió pasadas las 20.00 horas, cuando en localidades como Paiporta las riadas eran una evidencia ya y en las que el Tribunal ha dado un plazo de nueve días al gobierno de Mazón para que presente los expedientes administrativos sobre la actuación el día de la DANA.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha registrado recursos para que se revise la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, durante la DANA, que hasta este momento lleva registradas 215 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, como el interpuesto por Curro Nicolau ante esta Sala III para que actúe contra la «inactividad» inicial del presidente del Gobierno y de su ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska, en los momentos posteriores el día 29, tras la DANA.

El abogado valenciano, que fue testigo directo de las secuelas de la catástrofe, señala que el Gobierno de Sánchez tenía la obligación de coger las riendas a tenor de la jurisprudencia sobre protección civil del Tribunal Constitucional.

La querella contra Sánchez y Marlaska ,de Iustitia Europa está basada en que «omitieron de manera flagrante sus obligaciones constitucionales», puesto que el Gobierno central es la autoridad competente, «en exclusiva» para dar respuesta ante este tipo de catástrofes climatológicas, ampliando esta querellas posteriormente y tras conocer más detalles contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por prevaricación por omisión por «eludir conscientemente su deber de supervisión como responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar».

Por su parte la asociación Liberum interpuso demanda contra la Delegación del Gobierno en su condición de representante del Ejecutivo central en la Comunidad Valenciana, por no solicitar medidas cautelarísimas para auxiliar la zona afectada por las inundaciones. La demanda por «vulneración del derecho fundamental a la vida«, se presentó en el TSJ valenciano, pero éste se inhibió en favor del Tribunal Supremo por ser el competente en este caso.