El Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra el, por primera vez en la historia, por un presunto delito de revelación de secretos.
El juez ha acordado este auto después de que se hayan resuelto todos los recursos planteados durante la instrucción y se hayan presentado los correspondientes escritos de acusación tras el respaldo, el pasado mes de julio, por parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo de la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general, al ver indicios de revelar «secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo».
Un hecho sin precedentes en la democracia española que Álvaro García Ortiz como Fiscal General de Estado se siente en el banquillo tras publicar el 14 de marzo de 2024, una nota de prensa para desmentir lo que consideraba un bulo, en alusión a lo publicado la noche anterior donde se decía que se había ofrecido un pacto a por parte del Ministerio Público a González Amador.
El juez Hurtado sostiene que, además de dirigir la elaboración de dicha comunicación, «desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero», se envió una copia del email que el abogado de González Amador había escrito al fiscal del caso a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual ‘número dos’ de los socialistas madrileños.
Una acción, llevada a cabo según el instructor bajo las órdenes de García Ortiz, con el fin de atacar a un rival político, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que el secreto del correo debía mantenerse «mientras su dueño no le quisiera dar publicidad», de modo que «si otro lo revela, estará quebrantando la reserva».
El procesamiento de García Ortiz ha generado un amplio rechazo en el seno de la carrera fiscal, que en su mayoría pide su dimisión, aunque sin éxito ya que Álvaro García Ortiz, no está dispuesto a dejar el cargo.
