El Tribunal Supremo ha enviado un aviso muy claro al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de abrir un proceso de investigación por prevaricación indicando en un auto que no hay «carta blanca» en el Constitucional, tras rechazar una querella contra ellos por el indulto encubierto sobre el caso de los ERE a a los expresidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas, Chávez y Griñán.
Según informa Libertad Digital, los jueces denominados «progresistas» de izquierdas encabezados por su presidente Cándido Cond-Pumpido, no ha sentado nada bien esta resolución que les ha producido «indignación» y a la vez «preocupación» por las consecuencias que pueda tener al considerarlo un «ataque injustificado del Alto Tribunal».
Algunos miembros izquierdistas, han planteado a Conde-Pumpido, llevar a cabo una respuesta institucional, aunque el Presidente del Constitucional ha decidido por el momento guardar silencio y no se descarta que haya un segundo aviso por parte del Supremo.
El auto del Supremo señala que «la justicia o injusticia de las resoluciones objeto de querella, por extralimitarse en las funciones legalmente encomendadas al Tribunal Constitucional en clara invasión de la interpretación de la norma penal sustantiva que compete a los órganos de la jurisdicción penal y, señaladamente, al Tribunal Supremo, desnaturalizando el recurso de amparo al convertirlo en una segunda casación sobre la subsunción de los hechos probados en la norma penal sustantiva (…) Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado».
«Esta disposición», subrayaba, «no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del poder judicial o de otros poderes del Estado. No equivale a una suerte de inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones; como pudiera derivarse de eventual infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, etc».
«En todo caso, ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación. Precisa sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho, la imposibilidad de sostenerse mediante algún método aceptable de interpretación de le ley; en definitiva, resoluciones y sentencias que no observaren la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sino que se trate, pura y simplemente, de producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad», concluye el auto del Supremo firmado por el juez Palomo.
Hace 10 días se llevaba a cabo el último escándalo llevado a cabo por el Constitucional tenía lugar cuando el presidente, Cándido Conde-Pumpido y cinco magistrados de izquierdas decidían apartar al magistrado conservador José María Macias de dos procedimientos sobre la Ley de amnistía del 1-O sin que esté recusado.
Cabe señalar que no se puede apartar un magistrado de una deliberación de forma deliberada si no hay recusación ni abstención un dato que podría llevar a Conde-Pumpido y los otros cinco magistrados izquierdista a cometer «la comisión de un presunto delito de prevaricación«.
