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martes, junio 22, 2021

El ponente del TC propone declarar inconstitucional el primer estado de alarma decretado por Sánchez

El magistrado Pedro González-Trevijano considera que las restricciones excedían lo que era posible al amparo del estado de alarma y se llevará al pleno que comienza el 22 de junio

El ponente del Tribunal Constitucional (TC), ha propuesto declarar inconstitucional el primer estado de alarma declarado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en marzo del año pasado, al pleno que comienza el próximo 22 de junio.

El magistrado encargado de la ponencia, Pedro González-Trevijano, incluye varias objeciones al real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas y fundamental que la restricción de derechos fundamentales impuesta era tan intensa que requería la aplicación del estado de excepción, un grado más allá del estado de alarma que decidió el Ejecutivo español.

Hay que recordar que el Real Decreto señalaba en su redacción que «durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada».

En su ponencia, el magistrado considera que, en particular, el confinamiento domiciliario impuesto no era factible al amparo del estado de alarma, previsto para una limitación de derechos, pero no para la suspensión que de facto se produjo.

Además, también considera que es inaceptable la indeterminación de restricciones que se planteaba en dicho decreto, puesto que se habilitaba al ministro de Sanidad a modificar las medidas, que por el contrario debían de haber sido precisadas con claridad en el decreto. En concreto, se permitía a Sanidad «modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades» a las que se aplicaban limitaciones.

El magistrado no cuestiona la necesidad de las medidas que se impusieron, dada la situación sanitaria, pero sí la fórmula jurídica empleada para ello por el gobierno de Sánchez. Hay que recordar que esta resolución corresponde a un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox y que ha tardado un año y tres meses, una vez concluido el estado de alarma.

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