El Tribunal de Cuentas, tras su nueva composición acordada por el PSOE y el PP, ha corregido este lunes la decisión que adoptó en octubre de 2021 y ha aceptado finalmente los avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) presentados por excargos del Govern catalán para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros que les fue impuesta para hacer frente a su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para la acción exterior –las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat–.
El fallo de este lunes va en contra del criterio que siguió en octubre de 2021 por la delegada instructora Esperanza García Moreno, cuando rechazó los 28 avales del ICF, dependiente de la Generalitat de Cataluña, presentados para cubrir su parte de la fianza. La votación ha dividido a la sala, y de hecho cuenta con un voto particular contrario a la decisión, indican fuentes del tribunal.
Los excargos afectados por esta decisión, entre los que se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresident Oriol Junqueras, evitan de esta manera el embargo de sus bienes, que ya había sido acordado por la instructora pero que nunca llegó a ejecutarse.
La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que hoy ha decidido sobre los avales está conformada por tres consejeros: Rebeca Laliga (presidenta de la Sección de Enjuiciamiento), María del Rosario García Álvarez (consejera titular del Departamento Primero) y Diego Íñiguez Hernández (consejero titular del Departamento tercero). Laliga fue propuesta por el PP, mientras que los otros dos por el PSOE, y sus nombramientos fueron aprobados por tres quintos de las Cortes.
Toda vez que se ha producido esta deliberación y fallo, se ha decidido que sea la consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento, María del Rosario García, quien se encargue de redactar el auto en los términos acordados por la Sala.
Se da la circunstancia de que la decisión de la instructora sobre los avales se produjo días antes de que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo para renovar el órgano de fiscalización. De hecho, la Sala de Justicia que ha decidido sobre los avales del ICF no es la misma que había cuando la instructora acordó rechazar que se cubrieran esas fianzas con fondos públicos.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al expresident de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.