La jueza titular del Juzgado número 19 de Madrid, ha abierto una investigación contra Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de otras cuatro personas más por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

Inmaculada Iglesias, titular del juzgado, ha abierto causa tras la denuncia de la Fiscalía, por un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 que se atribuye a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente y otro delito de falsedad en documento mercantil.

Según la Jueza, Alberto González Amador, que es administrador único de la sociedad, durante esos ejercicios y, llevó a cabo el incremento del volumen de negocio «con la finalidad de eludir su tributación«, dedujo indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados.

Entre ellos estaría la ocultación de una presunta comisión de dos millones de euros que González Amador, cobró tras mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia por el Covid.

La pareja de Ayuso, habría intervenido como mediador con el proveedor de confianza de Sanidad, FCS Select Produts y la firma gallega Mape Asesores para suministrar las mascarillas al departamento que ene se momento dirigía el socialista Salvador Illa, donde la magistrada determina que la empresa de González Amador realizó facturas en los meses posteriores a este acuerdo que no se corresponden con el concepto recogido. Así, en el ejercicio 2020 se dedujo 620.000 euros con una factura remitida a la sociedad de Maxiliamo Niederes (uno de los imputados) pese a que no consta que esta firma realizara ningún servicio.

El año siguiente se repitió la misma dinámica con cerca de una quincena de facturas giradas al resto de imputados en esta causa, algo que llevó a Hacienda a detectar unas presuntas irregularidades en una factura 922.585 euros; cuatro por importe 12.800 euros cada una de ellas; dos facturas de 20.000 y 21.200 euros; cinco facturas de entre 10.000 y 20.000 euros y otras dos más de 10.500 y 11.495 euros, respectivamente, recibos que se giraron a firmas de los otros investigados de las empresas de Agustín Carrillo, José Miguel Carrillo y David Herrera, investigados también en este caso.

En el auto de la Jueza se señala que «Como resultado de dicha conducta, el contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, ha presentado autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades por los periodos impositivos en 2020 y 2021, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público».

Para la juez, el fraude consistía en reflejar en la declaración del impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona unos gastos ficticios basados en facturas emitidas a diversas sociedades con la finalidad de eludir el pago de las cuantías defraudadas.

Por estos motivos la Jueza admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, incoa diligencias contra los denunciados y anuncia que se les citará a declarar en su condición de investigados, a la vez que acuerda la citación en calidad de peritos de los inspectores de Hacienda que elaboraron el informe del novio de Ayuso e insta a la Agencia Tributaria para que se persone a través de la Abogacía General del Estado.