El horizonte penal del Gobierno y de los ministros de Pedro Sánchez, cada vez parece más preocupante en este caso el turno es para el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, al que el el juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue malversación y falso testimonio en su declaración como testigo en el ‘caso Begoña Gómez’ en la causa en la que se investiga la contratación de la asesora.
El titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid ha enviado a la Sala de lo Penal una exposición razonada de los hechos en un escrito de 34 folios donde considera que al órgano competente de continuar con la instrucción es, en este caso, es el Supremo ante la posible existencia de responsabilidad penal de un miembro del Gobierno, que está aforada con una conexión clara con personas no aforadas.
Para Peinado, los hechos investigados hasta la fecha le permiten concluir que Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez, fue nombrada como personal eventual con funciones de directora de programas para asistir a Begoña Gómez.
Desde el punto de vista del juez, Álvarez ha llevado a cabo funciones de atención a la mujer del Presidente del Gobierno de carácter estrictamente privado, «al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario, que pudiera tener por su condición de esposa del Presidente del Gobierno, todo ello, percibiendo retribuciones con cargo al Patrimonio Público».
«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que siguierais como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», señalaban los correos relacionados con la cátedra de la esposa del presidente enviados por Álvarez a Reale Seguros, lo que llevó a Peinado a imputar a la asesora por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
FALSO TESTIMONIO DE BOLAÑOS
Peinado recrimina a Bolaños que no contestase a la verdad durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril a pesar de haber prestado juramento, tras decidir llamarle a declarar en el marco de esta pieza separada porque, cuando se contrató a la asesora, tenía la condición de Secretario General de la Presidencia.
En su declaración como testigo, y bajo juramento, tras ser preguntado en reiteradas ocasiones por la persona, en concreto, que propuso o realizó el nombramiento de la asesora dijo no conocer el nombre de dicha persona, por lo que se suspendió la declaración con el objetivo de que el testigo, ahora investigado, recabara la información necesaria para poder contestar adecuadamente a lo que se le venía preguntando, detalla la exposición razonada.
