El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que está instruyendo la pieza del caso «Dina», ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación con amenazas en las redes sociales tras pedir al Tribula Supremo que investigue a Pablo Iglesias.
Según el Juez, esto le colocando «en una situación de indefensión y de descrédito profesional», en un escrito enviado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes donde denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo pública la explicación razonada para investigar al vicepresidente segundo del Gobierno de Sánchez.
En su escrito, García Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».
Para el Juez de la Audiencia Nacional, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación» esos mensajes son repetidos y amplificados, denunciando que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, «señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional» como se ha podido constatar durante estos dos días que se llevan tras conocerse su petición.
García Castellón, concluye en sus escrito a Carlos Lesmes, que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel, además de recordar que en su juzgado ha investigado casos de otros partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, tomando decisiones de muy distinto signo y «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».
