Desde el Gobierno central estimarán si es necesario o no «realizar cambios legales adicionales», con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan contrarrestar los efectos de la pandemia, tras el fin del estado de alarma. Esta medida podría ser aprobada si el Supremo decide no avalar a las CCAA.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, transmitía que es «razonable que si hay disparidad de criterios» sea un Tribunal Superior quien marque el camino a seguir, y lleve por lo tanto, la voz cantante en la toma de decisiones.

Con estas declaraciones, Campo dejaba entrever la posibilidad de que el Ejecutivo, lleve a cabo cambios, los cuales serían propuestas a los Cortes, con la meta de palear las consecuencias del fin del estado de alarma. Esta acción ya había sido solicitada hace meses por el PP, cuando exigía que se elaborase un plan alternativo, antes de dicha fecha, con el objetivo de que entrase en vigor el pasado 9 de mayo.

El ministro aprovechaba para señalar que los gobiernos autonómicos tiene a su disposición, la posibilidad de solicitar la imposición del estado de alarma en cada territorio, en particular, a lo que añadía que «el Gobierno ya se ha comprometido a apoyar».

Argumentaba además que «lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho».

Concluía, reiterando su lamento ante la línea acción seguida por parte de la oposición, durante este periodo de excepción ya que « han utilizado la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente».