El Ministerio de Sanidad no ha aportado ningún documento científico que justifique la dosis de refuerzo cuatro semanas después de ser contagiado, como le ha solicitado la Audiencia Nacional, tras admitir el recurso interpuesto por el abogado Curro Nicolau contra la decisión de Sanidad.

Sanidad no ha aportado ningún informe científico que lo avale y el departamento que dirige Carolina Darias se limita a recoge un análisis cronológico de las principales medidas adoptadas por el Gobierno desde el inicio del coronavirus.

El documento, de apenas tres páginas y que lleva por título ‘Argumentos técnicos expediente estrategia de Vacunación frente a Covid 19’, precisa que desde el Ejecutivo se recomienda que pasen cuatro semanas desde el diagnóstico de la infección para suministrar la dosis de refuerzo, pero en ningún momento indican los criterios técnicos seguidos, sino que más bien explican que la recomendación «se basa en múltiples estudios» que prueban la seguridad de las vacunas en las personas que ya se han infectado de coronavirus.

El documento razona que existen evidencias que sugieren la pérdida de inmunidad con el tiempo y que la respuesta inmune tras la vacunación es «más fiable, consistente y predecible» que la producida tras la infección.

En el documento aportado por Sanidad a la Audiencia Nacional se dice que «La primovacunación disminuye el riesgo de futuras infecciones en personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2, y los estudios inmunológicos muestran que la vacunación posterior refuerza la respuesta inmune y reduce el riego de reinfección incluyendo las nuevas variantes del virus».

El mismo reconoce, no obstante, que no hay evidencias sobre cuál sería el mejor intervalo para volver a vacunar a las personas ya contagiadas por coronavirus al indicar que «Algunas autoridades sanitarias internacionales como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades han valorado que no hay suficiente evidencia para establecer una recomendación consistente sobre el mejor intervalo para la administración de esta dosis de recuerdo».

Con todo, el Gobierno deja claro en su respuesta a la Audiencia Nacional que se ha publicado «nueva bibliografía sobre esta materia» (sin especificar cuál) que se valorará en la próxima Actualización de la Estrategia.

DENUNCIA DE NICOLAU

Curro Nicolau en su denuncia expuso que esta medida «no cuenta con aval científico» ni tampoco existen estudios que lo respalden. «Dicho procedimiento resulta contrario al derecho de protección de la salud en la medida que el Ministerio de Sanidad no está siendo diligente al adoptar esta decisión sin contar con informes científicos previos que vengan a aconsejar dicha medida. Es más, en prensa recientemente han sido publicadas manifestaciones de expertos en la materia que incluso desaconsejan dicha práctica, en tanto puede tener efectos perjudiciales sobre el sistema inmunológico de las personas».

Por su parte Sanidad señala en su escrito, que no viene firmado por ningún miembro del Ministerio, que las casuísticas individuales deben ser valoradas por los profesionales sanitarios, a fin de conseguir el mayor beneficio personal. Al hilo, recuerda también que en España la vacunación no es obligatoria y que la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, parte del principio general de voluntariedad en las actuaciones de salud pública.

«Por tanto, la regla general es la voluntariedad, con la excepción recogida en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública. Pero no sólo para las vacunas incluidas en el calendario a lo largo de toda la vida, sino también las vacunas frente a Covid-19″, señala en su respuesta.

Además recuerdan que, hasta el 12 de enero España ha suministrado más de 86 millones de dosis (es decir, más del 90% de la población mayor de 12 años). Con todo, el Gobierno de Pedro Sánchez avisa que la estrategia ha sido dinámica y se ha ido adaptando a medida que se tenía más conocimiento de las vacunas autorizadas.