El Gobierno de Pedro Sánchez prepara ya el cobro de las autovías de España que hasta ahora han sido siempre gratuitas para 2024, para lo que ha iniciado los trámites de cara a estudiar las distintas posibilidades de cómo realizar el sistema de peajes, en un compromiso que ha adquirido con Bruselas a cambio de los 70.000 millones de euros en subvenciones que debe recibir los fondos europeos.

Para ello, a través de la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, ras la publicación en el portal de contrataciones de la documentación.

Estos informes tendrán un coste de 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.

Resulta contradictorio que en el mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate para implantar el peaje en las autovías con el sector y comenzar así a diseñar este plan, ante la situación económica que se vive por la guerra de Ucrania.

Pero lo cierto es que el pasado 10 de junio se firmó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta última empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG.

La segunda fase consistirá en el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro en el peaje.

Lo primero que se analizará será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.

También se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas y de esta forma no crear agravios territoriales, o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.