La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cargaba ayer contra el Partido Popular, por la rebelión que está habiendo en los Ayuntamientos a cuenta del IVA del 2017 que no quieren devolver el Ejecutivo, señalando que lo único que pretenden es un “intento constante de desgaste del Gobierno”.

El Gobierno pretende sacar adelante un Decreto Ley, que recoge el acuerdo al que habían llegado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para poder utilizar el superavit de los ayuntamientos, un acuerdo que salió adelante gracias al voto del presidente el alcalde socialista Abel Caballero, pero ante la rebelión de muchos ayuntamientos, incluidos del propio Partido Socialista.

Pedro Sánchez, en su comparecencia ayer en Marivent, se abría a negociar, viendo que su propuesta con contaba con el respaldo suficiente en el Congreso para sacarla adelante indicando su “máxima disponibilidad” y “la mano tendida” con todas las instituciones y, “singularmente, con los ayuntamientos”, para dialogar y negociar los términos de este decreto o bine si se decide tramitarlo como proyecto de ley.

El Presidente, recordó también a los ayuntamientos que, aparte de ese fondo de 5.000 millones, se verán compensados con 400 millones de euros el déficit como consecuencia de la falta de usuarios en el transporte público durante el tiempo de confinamiento por causa del COVID-19.

Mientras Sánchez decía esto, su ministra Montero, hablaba de intento de desgaste al Gobierno, con esta situación del Partido Popular en su “intento permanente de desgastar al Gobierno, usando, en este caso, el municipalismo”, algo que les recordaba a lso demás partidos políticos y que espera no se sumen a “la bronca política” que busca el PP.

En este mismo sentido, María Jesús Montero, no comprende por qué se rechaza este acuerdo donde los ayuntamientos cederían sus remanentes al Gobierno, en forma de préstamos, y a cambio recibirían dinero de un fondo de 5.000 millones de euros, pero sobre todo porque la adhesión a este convenio es voluntaria, los municipios que no quieran participar no están obligados a unirse a dicho pacto.