El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo haber filtrado los correos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Además a acusado al juez Hurtado de estar «predeterminado», indicando de esta manera el sentido de su decisión final condicionando las pesquisas autorizadas y las denegadas, deslizando así una falta de imparcialidad de todo un magistrado de la Sala Penal del Supremo, por lo que cree que la investigación en su contra es nula porque vulnera su derecho de defensa..
Álvaro García Ortiz se ha negado a contestar a las preguntas del Juez, y tan solo lo ha hecho a su defensa representada por la Abogacía del Estado, ya que la Fiscal que lleva el caso, Ángeles Sánchez Conde, quien sumándose a los argumentos de su jefe ha decidido no formularle ninguna cuestión por un «conflicto de antijuricidad», al entender que durante las pesquisas se habrían producido actuaciones «invasivas de sus derechos fundamentales».
El Fiscal General ha negado facilitar ni los correos, ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella, así como haber dado instrucciones a otras personas para hacerlo.
También ha negado que desde la Fiscalía General o de la Provincial de Madrid, se intentara perjudicar a González Amador o se tratara de obstaculizar la conformidad porque fuer a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en una declaración que ha durado una hora y veinticinco minutos.
En su declaración ha acusado al juez Hurtado vulnerar su derecho de defensa porque el registro realizado en su despacho el 30 de octubre fue invasivo y porque se ha negado a realizar diligencias que ha pedido su abogado para defenderle y de basar su investigación en una «certeza» que «le impide descubrir la verdad».
García Ortiz también ha cargado contra la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que hace una semana declaraba acerca de las «prisas» y la «insistencia» del Fiscal General por hacerse con la cadena completa de correos que, aparentemente incriminaban a la pareja de Ayuso, por un doble delito a la Agencia Tributaria.
Ha asegurado que no dio «órdenes de ningún tipo» a ninguno de los fiscales de su equipo más cercano o de la Carrera, incidiendo en contra de lo confirmado por la propia Lastra que había señalado que se negó a cumplir por «imperativo legal» lo que le había mandado, asegurado que no mantuvo ningún contacto con ella el día 12 de marzo, en las horas previas que se conocieran los correos.
Sí ha reconocido Álvaro García Ortiz que hablaron en la noche del 13 de marzo, cuando la propia Fiscal Superior le llamó al «teléfono fijo» de su domicilio para comunicarle que, tras las primeras informaciones publicadas sobre el asunto, estaban «alerta», asegurando que la nota de prensa fue «consensuada», conjuntamente por ambos aunque no escrita al alimón. Una tarea, este última, de la que se encargó con la fiscal provincial Pilar Rodríguez quien este jueves declarará como imputada también.
García Ortiz también ha explicado que ha cambiado seis veces de móvil en cuatro años y que por razones de seguridad, y por ser una obligación legal, borra habitualmente el contenido de su teléfono, ya que afecta información «sensible» de causas penales.
