Un gran porcentaje de las CCAA, no quedaban satisfechas tras la decisión tomada por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, la cual establecía la preparación de un nuevo decreto como consecuencia del fin del estado de alarma. Este introduciría al Tribunal Supremo, cómo figura clave, ya que tendría 5 días hábiles para decidir si aprobar o no las restricciones sugeridas por cada territorio.

Desde las autonomías consideran que «trasladar la responsabilidad a los jueces» no es la mejor idea, ya que «judicializar» este proceso, no es la solución para la situación actual. Se mostraban contrarias a estas declaraciones, las comunidades gobernados por el PSOE, manteniendo que «la decisión de unificar doctrina, es acertada».

En relación a Cantabria, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, trasladaba que «esta decisión no soluciona el tema», ya que deberían ser «los tribunales superiores de justicia», quiénes llevasen la «voz cantante», por su rapidez. Recordaba que los plazos en la pandemia son un aspecto importante, por lo que asumía que «para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la Covid-19 sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial».

Además de Revilla, comunidades cómo Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Euskadi, Madrid, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Navarra, también se mostraban disconformes con la alternativa propuesta por parte del Gobierno Central.