El Tribunal Constitucional está tomado por la izquierda progresista dispuesta a hacer buenas todas las leyes que ponga en marcha en el tiempo que le queda como presidente a Pedro Sánchez y es más a mantenerlas si cambia del Ejecutivo ya que su mandato es para seis años, con Cándido Conde Pumpido, como estilete del actual Presidente.
La mayoría de magistrados de izquierda progresista, siete de los once que componen el Constitucional, hacer valer su rodillo ante los recursos que plan tean, principalmente Vox, de inconstitucionalidad, de las leyes que está aprobando el Gobierno que lidera Pedro Sánchez.
Lo último ha sido la denominada «Ley Celaá» o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, que modifica el sistema educativo español, rechazando que se haya producido una vulneración de las garantías del procedimiento legislativo y del artículo 169 de la Constitución, denunciada por los recurrentes, precepto este último que prohíbe las reformas de índole constitucional durante la vigencia de un estado de alarma.
Además, en su fallo, los magistrados de izquierdas del Constitucional han rechazado las impugnaciones dirigidas por los diputados de Vox contra varios artículos concretos de la ley por, presuntamente, vulnerar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza garantizados en el artículo 27 de la Constitución.
El Tribunal desestima el recurso contra la modificación de la programación de centros que hace solamente referencia a las plazas «públicas» y suprime el criterio de la «demanda social» contenido en la redacción anterior, y también contra la regulación de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales conforme al principio de inclusión.
También ha desestimado la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos. De la Constitución deriva «un modelo educativo pluralista», pero no que «todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas», ni «un derecho subjetivo a la prestación pública», algo que la mayoría de los magistrados que integran el Pleno han considerado que «no».
Pero para cuatro de los once magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC) el recurso presentado por Vox contra la denominada ‘ley Celaá’ de la educación debió ser admitido por la Corte «en tres aspectos concretos», como son las necesidades educativas especiales, la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos y en la regulación de la enseñanza de la religión.
Los cuatro magistrados que han emitido su voto particular en contra son Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y César Tolosa en un voto particular emitido contra la voluntad mayoritaria de sus compañeros del ala izquierda del Pleno del Constitucional.
Y esta es la tónica habitual desde que Feijóo accedió a remodelar el Tribunal Constitucional, situando a Cándido Conde Pumpido como Presidente del mismo, y una mayoría de jueces progresistas que imponen sus criterios «sanchistas» en las votaciones ante los recursos que se plantean a las leyes que ponen en marcha el actual Gobierno.
