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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Vox contra varios artículos de la denominada ‘ley antipandemias’ del País Vasco.
La formación de Abascal, llevó la normativa ante la corte de garantías al considerarla inconstitucional por contemplar «sin intervención judicial» cuestiones como «la vacunación obligatoria, prestaciones personales obligatorias, la prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a hacer prueba diagnóstica».
El Pleno del tribunal estudiará más de una docena de artículos de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19 aprobada por el Parlamento vasco y que salió adelante con los partidos de Gobierno PNV y PSE, y con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU.
La decisión del Constitucional del pasado jueves tiene lugar después de que el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso registrara en septiembre el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa. A puertas del tribunal, la diputada Macarena Olona aseguró que elevaban el caso a la corte de garantías porque, «entre otras salvajadas», la ley «impone» la posibilidad de declarar «de manera autónoma e independiente» un «auténtico estado de excepción en la comunidad autónoma».
En aquella ocasión, Olona reprochó que la ley contemplara «la vacunación obligatoria, prestaciones personales obligatorias, la prohibición de trabajar si te niegas a vacunarte o a hacer prueba diagnóstica, aislamientos y cuarentenas personales en el lugar que se indique y por el tiempo que se señale (…), y todo sin intervención judicial».
La dirigente de Vox Olona aseguró que su partido defiende de manera contundente «que la lucha contra cualquier crisis no debe comportar degradación de la democracia ni la derogación del estado de derecho». «Los españoles pueden estar tranquilos porque a golpe de recursos y en todas las instituciones donde tenemos representación seguiremos sosteniendo la defensa de los derechos de los españoles».
La ley aprobada por el Parlamento vasco tiene por objeto «la regulación de los instrumentos jurídicos y actuaciones que competen a las administraciones públicas vascas con el fin de prevenir y preservar la salud pública, garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del sistema sanitario vasco durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia». El texto establece diferentes niveles de alerta, con restricciones específicas para cada uno de ellos.
