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miércoles, febrero 12, 2025

El Clan de las constructoras (ACS, Sacyr Y Acciona) sancionados por la CNMC por repartirse contratos del Estado

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 61,2 millones de euros a 12 constructoras por repartirse los contratos del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018.

El Clan de las constructoras en España que forma principalmente ACS, Sacyr y Acciona ha sido multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 61,2 millones de euros a 12 constructoras por repartirse los contratos del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018.

Un total de doce empresas de la construcción como son ACS, Acciona, Sacyr, Ferrovial, FCC, OHL, Aceinsa, Alvac, Elecnor, Copasa, Elsamex y Copcisa, logró adjudicarse 71 licitaciones de un total de 101 de las publicadas por Fomento durante el citado periodo relacionadas con la conservación y explotación de la red pública de carreteras. El importe total superó los 530 millones, un 63% del montante total que el Estado destina a la red de carreteras, son los datos recabados tras la investigación llevada a cabo por el CNMC desde el 2017.

Además de las sanciones económicas, el consejo del organismo de la CNMC ha propuesto que todas las constructoras sancionadas tengan prohibido contratar con la Administración, algo que de constatarse de forma definitiva supondría un duro golpe para las principales constructoras de este país.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene la última palabra en este asunto ya que será la encargada de determinar el alcance y la duración de esta prohibición. Este organismo, cuya composición no es pública, está formado por representantes ministeriales pero también por miembros de las organizaciones empresariales.

La ley marca un plazo máximo de cinco años de prohibición a las empresas para contratar con la Administración desde el momento en el que se dicta la resolución, por lo que los plazos ya han empezado a correr, y cuanto más tarde Hacienda en decidir, más beneficia a las compañías afectadas.

La única empresa que ha quedado excluida de la prohibición de contratar con la Administración Pública, ha sido Aceinsa, que se acogió al programa de clemencia tras aportar pruebas contra estas empresas constructoras, viéndose también reducida su multa a un 50%.

En el expediente de 363 folios, algunas de las empresas sancionadas señalan en sus alegaciones que fue la propia Administración la que, con sus “directrices”, actuó como “factor determinante” en este clan de las constructoras, señalando que la Dirección General de Carreteras les trasladó en julio de 2014 “la conveniencia de limitar las bajas a un máximo del 20% del presupuesto de licitación con el fin de evitar una espiral susceptible de poner en peligro la adecuada ejecución de los contratos”.

En este sentido, el expediente es bien claro al indicar que “El hecho de que la administración contratante hubiese realizado manifestaciones en las que cuestionara una supuesta excesiva agresividad de las bajas económicas, o incluso hubiese realizado una recomendación de evitar bajas superiores al 20% podría, de haberse producido, ser cuestionable desde una perspectiva de competencia”, añadiendo además que “Esta conducta no sería coherente con la normativa de contratación, que ofrece a la administración herramientas suficientes para garantizar que las ofertas no ponen en riesgo la ejecución de los contratos licitados”.

Por último, la CNMC deja claro que el comportamiento de la Administración quizá no fue ejemplar pero no puede entrar a valorarlo porque sólo puede entrar a hacerlo en aquello que propone la Dirección de Competencia (DC), encargad de instruir el caso y ha decidido dejar fuera a las instituciones públicas.

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