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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el informe sobre la proposición de ley de amnistía redactado por el vocal Wenceslao Olea, ya que entre otras cosas es inconstitucional porque vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad entre los españoles.

La decisión del CGPJ se ha adoptado por nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas, después de analizar dos informes totalmente opuestos sobre la ley de amnistía, una a petición del Senado, redactado por Olea y otra la vocal progresista Mar Cabrejas, que ve la ley ajustada a la Carta Magna, aunque con falta de concreción temporal y falta de una definición más calara del terrorismo sobre la violación de derechos humanos.

En el informe aprobado se deja bien claro que la proposición de ley de amnistía no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución, además de señalar que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo aseguran que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.

Además, incide que la amnistía rompe el derecho a la igualdad, toda vez que considera que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario y ve admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo, por lo que vulnera el principio de la separación de podres.

En cuanto al procedimiento elegido para su tramitación parlamentaria, sostiene que es arbitraria y que no está motivada su urgencia y no supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.

Considera el informe, que la proposición de ley no delimita con la suficiente y exigible claridad el ámbito objetivo de la amnistía y avisa de que la amplia indeterminación de los preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas, provocando que la crítica social sobre a eficacia de la ley se concentre en los órganos judiciales.

Sobre el delito de terrorismo, ve imperativo excluir todos los supuestos y llama la atención sobre el hecho de que en el apartado relativo a este delito se eliminara la referencia al Código Penal, al tiempo que afea que se hiciese con la intención de que la tipificación contenida en el contenida en el Derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles, y sí directamente la directiva europea, lo que entiende que supone desconocer la naturaleza y forma de aplicación de esta clase de normativa europea.

Por otro lado consideran que la aplicación judicial automática e inmediata de la ley como pretende el Gobierno, resulta muy difícil de acordar con la premura que se pretende, estimada en dos meses, y sostiene que la pretensión de dejar sin efecto una orden europea de detención cuando entre en vigor la ley es contrario al Derecho de la Unión Europea.

Tampoco se ajusta a la legislación actual, que las consultas al Constitucional o al TJUE no suspendan el procedimiento de amnistía. Y por último afirman que la atribución al órgano judicial de la facultad de declarar la amnistía de oficio que se establece en la proposición contraría principios esenciales del proceso penal.