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miércoles, septiembre 28, 2022

El Banco Central Europeo reprocha al Gobierno español el límite impuesto de 1.000 euros de pago en efectivo y lo considera «desproporcionado»

El organismo europeo considera que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar además de considera excesivo el régimen sancionador: el 25% del importe

El Banco Central Europeo (BCE) pone el punto de mira sobre España al calificar de «desproporcionada» la rebaja a 1.000 euros del límite de los pagos en efectivo tanto si se actúa como profesional o empresa en el marco que se ha marcado el Gobierno de Pedro Sánchez, para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal que está establecido en España desde julio de 2021, y además advierte del impacto «adverso e indeseable» en el estado de curso legal de los billetes de euros. 

«El BCE considera desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo en operaciones en las que cualquiera de las partes actúa en calidad profesional o empresarial a 1.000″, es la resolución que ha dado a conocer el organismo europeo, al considerar que este tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos cómo hacer sus pagos.

Asimismo, el BCE indica que al ampliar a 10.000 euros el límite admitido para los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no actúan en calidad profesional o comercial, que no son residentes fiscales en España, a partes que actúan en calidad profesional o comercial, «esto discrimina los pagos realizados por residentes frente a los realizados por no residentes».

La institución europea considera que la multa del 25% del importe pagado, «parece desproporcionadamente elevada» en el régimen sancionador establecido por la Ley señalando que «parece excesivo».

El instituto emisor considera desproporcionado limitar la posibilidad de cumplir con carácter general una obligación de pago en billetes y monedas de euro, ya que «los Estados miembros deben velar por que las medidas adoptadas se ajusten al principio de proporcionalidad».

Para el BCE la legislación no aborda en la exposición de motivos el impacto social y el riesgo de exclusión financiera que resultaría de la reducción del anterior límite de 2.500 euros para los pagos en efectivo, no proporciona pruebas claras de que con dicho límite sea, de hecho, probable lograr el objetivo público declarado y si se podrían haber adoptado otras medidas alternativas que resultaran menos lesivas para el uso de dinero en efectivo.

Advierte de que el límite de pago en efectivo establecido en la Ley «dificulta significativamente» la liquidación de transacciones legítimas utilizando efectivo como medio de pago, poniendo así en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado europeo.

Recuerda al Ejecutivo español la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para fijar un límite de pago en efectivo a escala de la Unión de 10.000 euros. 

«El umbral para la prohibición prevista de transacciones de consumidor a empresa y de empresa a empresa debe establecerse lo suficientemente alto para evitar un impacto fáctico que conduzca a la abolición de los billetes en euros«, remarca el BCE.

Por último, señala que «debe tenerse en cuenta que la capacidad de pago en efectivo sigue siendo especialmente importante para determinados grupos de la sociedad que, por diversas razones legítimas, prefieren utilizar el efectivo frente a otros instrumentos de pago», porque «facilitan la inclusión de toda la población en la economía» en especial para las personas mayores, los inmigrantes, los discapacitados, y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales.

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