Sin estado de alarma (que no lo amparaba legalmente y se consintió), sin estado de sitio y sin estado de excepción, a día de hoy el 21% de la población española sigue viviendo bajo el toque de queda que en la mayoría de los casos restringe la movilidad de las personas entre la 1 y las 6 de la madrugada, lo que supone más de 10 millones de ciudadanos tiene que permanecer en ese horario de forma obligatoria en sus domicilios.
Y probablemente sean más teniendo en cuenta que ahora podría afectar a más población flotante ya que muchos de los 382 municipios afectados duplican o triplican ahora sus residentes habituales por las vacaciones y los desplazamientos a esos lugares.
Concretamente los perjudicados por este situación son aquellos que viven en las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana, ya que son las únicas a los que los Tribunales de Justicia, han consentido que los gobernantes puedan aplicar una restricción que a día de hoy sin un estado que las ampare sin inconstitucionales, por mucho que algunos jueces miren para otra parte y lo den por bueno.
Sin ir más lejos este fin de semana, que coincide con el puente en algunas comunidades autónomas, por la festividad del 15 de agosto, al menos diez millones de españoles van a tener que vivir bajo el toque de queda.
La mayoría de los juristas consultados por CantabriaPress.com, coinciden que la medida no tiene ningún amparo legal, al margen de no ser la solución al problema y no entienden como los Tribunales de Justica, admiten estas imposiciones de los gobierno autonómicos incapaces de buscar otras medidas que las mismas que cuando comenzó la pandemia.
