Duro correctivo el que le ha dado el Consejo de Estado al Gobierno bipartito PSOE-U. Podemos al mostrar su «preocupación» por la eliminación o modulación de mecanismos de control «en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» tras la publicación por el actual Ejecutivo del Real Decreto sobre la administración de los fondos europeos para la recuperación económica.

En su informe, el Consejo de Estado, critica la supresión de la autorización de la Ministra de Hacienda, el hecho de que incumple la exigencia de evaluar el impacto presupuestario, la supresión de informes preceptivos y de los controles económico-presupuestarios que suprimen las autorizaciones para celebrar los convenios.

La exvicepresidenta del Gobierno con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de presidir la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que el pasado 21 de diciembre examinó el expediente relativo al proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Real Decreto, fue aprobado por el Parlamento, pero el Partido Popular, acusó al Gobierno de Sánchez, de ocultar el informe del Consejo de Estado, que hoy daba a conocer este organismo donde se advierte que se deben implementar «todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación».

Para el Consejo de Estado»a la regulación proyectada» por el Gobierno «con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones».

En concreto y con especial atención el informe señala «especialmente relevantes» en aras a lograr un «elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos» y por tanto se debe recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado, antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos.

Señala como principal apartado los «Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos», el Gobierno contempla que, si los informes del servicio jurídico y otros informes preceptivos no se han recibido en el plazo de siete días establecido, la tramitación del expediente continúe, aunque estos informes se emitan con posterioridad.

Además, el informe destaca como observación «más relevante» la que señala la «supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones».

«Preocupa, en especial, a este Consejo de Estado la opción desuprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción de este tipo de convenios, máxime si esta eliminación se pone en conexión con la ampliación de la duración prevista para los mismos» remarca el informe.

El Consejo de Estado deja claro en su informe que «no parece aceptable» eliminar «con carácter general» la autorización de la Ministra de Hacienda y plantean que se mantenga al menos para «aquellos supuestos en los que se exceden determinados umbrales cuantitativos o en los que se prevé una duración superior a la prevista con carácter general por el artículo 49 de la Ley 40/2015».

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno considera que «se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario», que «comprenderá, al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público», detalla el informe del Consejo.

Por último destaca el informe que se debe extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos, articulando mecanismos que aseguren que los proyectos son viables, y de establecer un «riguroso y eficaz» sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores porque es «especialmente relevante» para los contratos que se adjudiquen en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.