Ciudadanos lanza la sospecha que existe un pacto entre el PSOE y el PP, y probablemente también con Unidas Podemos, para no constituir en el Congreso la Comisión de Gastos Reservados, el único foro parlamentario en el que la oposición puede controlar el uso de fondos reservados por parte del Gobierno y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ha sido el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, quien recuerda que ha preguntado varias veces por esta comisión en la Junta de Portavoces sin obtener respuesta: «Lo reclamamos en numerosas juntas de portavoces y la presidenta, Meritxell Batet, dice ‘Ya veremos’ y sigue dando largas».

Para Edmundo Bal «parece o debe existir un cierto consenso por parte del PP y del PSOE», y no sabe si también por parte de Podemos. Es más, apunta a que «el PP no protesta nunca cuando se le dice que hay que constituir esta comisión». «Es algo extraño».

Lo cierto es que el Congreso ha cumplido ya dos años y medio sin reunir a la Comisión de Gastos Reservados lo que supone que durante todo este tiempo no se está ejerciendo el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni sobre el uso de los fondos reservados en manos de Interior, Defensa y Exteriores. La última cita fue en marzo de 2019.

La norma que regula los fondos reservados establece que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

Añade además que los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados «informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios», por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión «podrá elaborar un informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas».

Para llevar a cabo la comisión se necesita el respaldo 210 diputados, es decir 3/5 partes del Congreso y ni PSOE, ni PP, parecen querer ponerse de acuerdo, por eso Edmundo Bal, cree que la comisión «es un órgano reglamentario y tiene que funcionar» y rechaza vetos: «Esto de vetarse en distintos ámbitos es la política de bandos, de trincheras, de crispación…. Y lo que pasa con los dos extremos del arco parlamentario es que están encantados de conocerse y se retroalimentan los unos a los otros. Y de esa forma tienen un enemigo en el que poder fijar su acción pacífica. Unos son fascistas, otros son comunistas bolivarianos».