La Comisión Europea ha puesto el punto de mira en el Gobierno de Pedro Sánchez tras admitir a trámite una denuncia por los «ataques a Ferrovial contrarios a las libertades comunitarias de establecimiento, libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa» establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Así lo ha develado el diario vozpopuli, quien señala que en el escrito de admisión, Bruselas explica que «la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable en la materia».

A partir de este momento, según el diario, se abre un procedimiento por el que, si la Comisión considera finalmente que existe violación del Derecho de la UE y el Gobierno español no hace nada al respecto, le llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Una situación similar como precedente ocurrió en enero de 2009, cuando el entonces Miguel Sebastián, ministro de Industria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, intervino en dos eventos en los que instó a comprar productos españoles cuando empezaba la crisis financiera, y la Comisión Europea le requirió para que se retractase, que finalmente no llegó al TJUE.

En el caso que llegara esta denuncia al TJUE, este puede avalar la denuncia y concluir que el Ejecutivo español ha vulnerado o incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la UE. El fallo podría obligar a revertir decisiones del Gobierno contrarias al Derecho de la UE si se hubieran producido.

La denuncia se presentó el 8 de marzo, y que fue admitida el 23 de marzo, ocho días después de que Ferrovial registrara el 28 de febrero el hecho relevante con su salida en la CNMV, y cuando el Gobierno de Sánchez, cargó contra la marcha de Ferrovial, en distintos foros y medios de comunicación.

La denuncia se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE por la que las declaraciones públicas de autoridades y funcionarios pueden constituir contravenciones del Derecho de la Unión Europea, para lo que cita la sentencia Buy Irish (Asunto 249/81).

Y recuerda que el fallo del TJUE en el Asunto C470/03 estipula que «son imputables al Estado las declaraciones de un funcionario que, por su forma y circunstancias, crean en los destinatarios la impresión de que se trata de posición oficial del Estado, y no de opiniones personales del funcionario».

Según el Tribunal de Justicia, una infracción del Derecho de la UE «por el comportamiento de un funcionario, en la medida en que sea imputable al Estado miembro al que presta sus servicios, no puede estar justificada… al amparo de la libertad de expresión de los funcionarios».