La Comisión Europea ha marcado el camino al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que la ley de amnistía no «responde a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
Además los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario han recordado que las «las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación».
A las 9:00 horas de este martes, el TSJUE ha comenzado a analizar las cuestiones prejudiciales que los tribunales nacionales han presentado a lo largo de estos meses relacionados con la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Sánchez y rubricada por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, que sirvió para investir al líder socialista Presidente.
Este tribunal planteó ocho dudas relacionadas con las responsabilidades contables al entender que el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Allí ha estado el abogado de Sociedad Civil Catalana (DCC) Juan Chapapría, que solicitó al órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público la posibilidad de preguntar al TJUE sobre la malversación.
En diciembre la Comisión Europea ya manifestó que la amnistía era «contraria al principio del Estado de Derecho» y que el motivo por el que se creó esta medida de gracia fue a raíz de un acuerdo político para lograr investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y por ello no respondía a un objetivo de interés general como establece la Unión Europea.
En ese documento, enviado al TJUE por la Comisión Europea se señalaba que se trataba de una «autoamnistía» porque los votos de sus beneficiarios fueron importantes para ser aprobada en el Parlamento.
La segunda cuestión prejudicial que se va a analizar este martes por la tarde será la presentada por la Audiencia Nacional, que han pedido al TJUE que se pronuncie sobre si la aplicación de la ley en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en el marco del proceso independentista de Cataluña contraviene, tal y como ellos entienden, el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos.
Los magistrados consideraron que, además de suponer una vulneración de la Directiva UE contra el terrorismo, “supone enviar un mensaje hacia el futuro en sentido de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”.
