El exministro de Transporte y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido imputado por el Tribunal Supremo tras admitir la exposición razonada que recibió de la Audiencia Nacional para investigarle en el «caso Koldo» por su «papel principal» por lo que abre causa contra el.

Tras recibir los últimos informes de la UCO, el magistrado que investiga el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, trasladó al alto tribunal la petición para que investigue Ábalos al tener la condición de aforado por diputado nacional, al atribuirle un delito de pertenencia a organización criminal, otorgándole un papel “principal” en las actuaciones de esta trama que se anotó más de 54 millones de euros en plena pandemia con los contratos de material sanitario.

El Tribunal Supremo ya ha designado un magistrado instructor, se trata de Leopoldo Puente y además ha determinado que el procedimiento contra el resto de imputados continúe de la mano del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional salvo cuando exista una «conexión material inescindible» entre Ábalos y los imputados.

El juez Andrés Martínez Arrieta, que ha sido el ponente de este caso precisa que formalmente se reabran las diligencias que en su momento se archivaron y que se incoaron a tenor de una denuncia del abogado Ramiro Grau, señalando que los hechos descritos «pudieran ser constitutivos de delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación».

En su exposición razonada, el juez señala a Ábalos por la contratación desde Puertos del Estado y de Adif de Soluciones de Gestión, indicando en el auto que esta adjudicación podría estar preparada de antemano ya que no se dio opción a que otras empresas licitaran a los contratos de emergencia. De hecho, se rechazaron «ofertas más ventajosas» que la que presentó la empresa de la trama.

Esa actuación tuvo una compensación económica, concretamente, la adquisición y disfrute de una vivienda en la urbanización “La Alcaidesa”, Cádiz, que sería disfrutada por el aforado ante esta Sala», señala el Supremo en referencia al chalet que habría comprado Víctor de Aldama para Ábalos, porque, para el juez, los mensajes interceptados a la trama y los correos intercambiados en plena búsqueda de vivienda, refuerzan dichos indicios.

También se señala una vivienda que disfrutó Jessica, la pareja de Ábalos en aquel momento, indicando en el auto que «Esta persona trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del ministerio y había formado parte del grupo de personas que acompañaron al ministro en viajes oficiales, contabilizándose 16 vuelos a distintas localidades, nacionales y extranjeras, sufragadas con cargo al erario público», añadiendo además «otras actuaciones de intermediación y gestión de intereses», que, en la medida en que están relacionadas con Ábalos y con otros imputados, deben ser investigadas.