Por Marcelino Pérez

Ramiro Bedia es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria y Experto Universitario en Evaluación de Políticas y Servicios Públicos por la UNED. 

Ha sido funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria hasta 2021, habiendo ocupado los puestos de Jefe del Servicio de Informática e Inspector General de Servicios. 

En el plano político ha sido alto cargo del Gobierno de Cantabria durante 11 años, primero como director general de Informática y posteriormente como Director General de Inspección y Calidad de los Servicios. 

El Gobierno regional ha remitido al Parlamento de Cantabria, para su tramitación y posterior aprobación, el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Con esta iniciativa, contemplada en el programa electoral del Partido Popular, se pretende agilizar los trámites y eliminar trabas burocráticas en las administraciones de la Región; su elaboración ha requerido varios meses de trabajo, en el transcurso de los cuales se abrió un periodo de información pública en el que han participado diversas entidades (colegios profesionales, asociaciones empresariales, ayuntamientos, etc.) y ciudadanos particulares, cuyas alegaciones han permitido (según declaraciones de la titular de la Consejería de Presidencia) mejorar el anteproyecto inicial.  

Foramontanos Siglo XXI es una de las entidades que ha presentado alegaciones en el trámite de información pública previo a la aprobación del proyecto de Ley por el Gobierno regional y su posterior remisión al Parlamento. Una de sus líneas de trabajo es la reducción de la burocracia, para facilitar la inversión y mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, y con tal fin tienen constituido un grupo de trabajo que se ha encargado de la redacción de las alegaciones presentadas. Para que nos informe de su contenido y de la valoración que hacen de la iniciativa del Gobierno regional entrevistamos a Ramiro Bedia, que forma parte del citado grupo.   

¿Por qué ha decidido Foramontanos Siglo XXI participar en el proceso de información pública del anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa?. 

Foramontanos es una asociación independiente para el análisis, el debate y la propuesta de soluciones sobre la situación y problemática de Cantabria, por esa razón hemos querido analizar y hacer aportaciones a un proyecto de Ley que pretende satisfacer una de las demandas que, con mayor intensidad, reclaman los ciudadanos y las entidades de nuestra Región, como es la reducción de la burocracia y la mejora en la prestación de los servicios públicos. 

¿Habían presentado iniciativas de este tipo anteriormente? 

Nuestra Asociación apenas tiene tres años de vida, es la primera participación en un proceso de elaboración de un proyecto de Ley, aunque antes nos habíamos pronunciado públicamente por la implantación de medidas concretas para contribuir a incrementar la eficiencia de la Administración de la Comunidad Autónoma. En esta ocasión hemos dado un paso más en nuestro afán de participar en los asuntos públicos de Cantabria. 

¿Qué valoración hacen del proyecto de Ley presentado por el Gobierno regional? 

Compartimos la necesidad de impulsar una norma legal como la que se pretende aprobar, que consideramos muy necesaria dada la hipertrofia de nuestras administraciones públicas y deseamos que su desarrollo efectivo permita transformar las relaciones con los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico de Cantabria. 

¿Qué aspectos destacaría del texto remitido al Parlamento Regional? 

En primer lugar, la supresión de la necesidad de obtener una licencia municipal para el inicio de una actividad económica o la apertura de un establecimiento, que se sustituye por una declaración responsable del interesado, y que será aplicable desde la entrada en vigor de la nueva Ley sin necesidad de adaptar las ordenanzas municipales, algo que va a tener un gran impacto en los ayuntamientos de nuestra Región. 

Otro aspecto destacable es la creación de un marco de tramitación preferente para los denominados “proyectos empresariales estratégicos”, que permitirá reducir los plazos para obtener las autorizaciones necesarias y tener preferencia para acceder a incentivos a la inversión, lo que facilitará la puesta en marcha de actividades económicas con el consiguiente impacto en el empleo y la riqueza.  

Por último, debo mencionar la introducción de la figura de las entidades colaboradoras de certificación que podrán verificar la documentación que los interesados deban presentar para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Podrán actuar como tales los colegios profesionales y las entidades jurídicas que cumplan los requisitos establecidos y se inscriban en el correspondiente registro, lo que las habilitará para ejercer funciones de comprobación, informe y certificación en los ámbitos en que se aplique el régimen de declaración responsable.    

¿Hay riesgo de que la supresión de las licencias municipales y su sustitución por una declaración responsable del interesado conlleve una relajación en el control de los requisitos exigibles para el inicio de una actividad o la apertura de un establecimiento?  

Con independencia de las tareas de verificación que pueden realizar las entidades colaboradoras de certificación, la implantación de la figura de la declaración responsable sustituyendo a la licencia municipal previa no elimina la capacidad de la administración de ejercer un control permanente en sus ámbitos competenciales mediante el ejercicio de la potestad de inspección. 

Existe cierta inquietud en las administraciones locales por el impacto que puede tener la aprobación de la Ley en el ámbito municipal ¿Cuál es su opinión al respecto? 

La aplicación del régimen de declaración responsable requiere la existencia de personal de inspección para realizar las tareas de comprobación y control, lo que supondrá una reorganización de los servicios municipales y la modificación de sus procedimientos de actuación, así como la formación y la capacitación de los funcionarios. Se precisará capacidad de gestión y, en mi opinión, los ayuntamientos de nuestra Región van a tener que “ponerse las pilas” para abordar los cambios necesarios, en caso contrario se verán abocados a incumplir la norma. 

¿Cuál considera que es la principal carencia de esta Ley? 

El primer aspecto sobre el que hemos llamado la atención en las alegaciones que ha presentado Foramontanos Siglo XXI es la ambigüedad e imprecisión en el tratamiento de las medidas contempladas para la simplificación administrativa. En el anteproyecto de Ley no se concretan actuaciones, plazos de ejecución y responsables, lo que a nuestro entender supondrá un obstáculo que puede diluir su efectividad, por esta razón hemos propuesto: 

• Incluir la necesidad de elaborar un plan de simplificación que precise las actuaciones a desarrollar y los plazos de ejecución. 

• Concretar la responsabilidad de la coordinación y ejecución de las actuaciones en un órgano con competencias en organización (el anteproyecto se habla de un grupo de trabajo sin definir).   

 ¿Es posible impulsar la simplificación administrativa sólo con cambios normativos? 

La simplificación administrativa es un proceso permanente e integral de transformación y mejora de la organización del sector público en el que deben abordarse iniciativas de simplificación normativa, transformación digital, planificación y dirección por objetivos, evaluación de la gestión, racionalización de estructuras, rediseño de procedimientos y reducción de trámites. La finalidad del proceso de simplificación administrativa es la eficiencia del sector público y eso no se consigue sólo con leyes, sino con un proceso de transformación que contemple actuaciones en los aspectos que he mencionado, por esa razón consideramos necesario que la ley no se centre sólo en la simplificación normativa y que se contemple la ejecución de todas las iniciativas que he mencionado en un plan concreto.   

¿Qué papel juega la digitalización en el proceso de simplificación administrativa? 

Si pretendemos agilidad en el funcionamiento de las administraciones de nuestra Región es esencial tener en cuenta la transformación digital como eje de la simplificación administrativa, en la medida que su adecuada implementación permite eficiencia en la gestión, acorta los plazos de tramitación y, en definitiva, incrementa la calidad del servicio a los ciudadanos. Por esta razón, ante la indefinición de las medidas contempladas en el proyecto de Ley, hemos propuesto incluir un artículo dedicado a la digitalización integral de los procedimientos administrativos y de las relaciones con los ciudadanos como actuaciones a priorizar. 

¿Destacaría algún otro aspecto de sus propuestas?            

La planificación es una función básica en cualquier actividad gestora y la eficiencia de las administraciones públicas depende, en gran parte, de su capacidad para planificar las actuaciones y fijar los objetivos pretendidos. Asimismo, la evaluación es otra función esencial que debe acompañar a la planificación de la acción de gobierno, permitiendo potenciar el control interno y determinar los grados de eficacia y eficiencia en la gestión que realizan. Con el fin de potenciar ambas funciones entre los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y llenar el vacío normativo existente en la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, hemos propuesto incorporar a la misma dos nuevos artículos que regulen ambas funciones y resalten su importancia.     

¿Desea añadir algo más para finalizar? 

Únicamente expresar nuestro deseo de que el análisis del proyecto de Ley y la incorporación de enmiendas por los distintos grupos parlamentarios permita solventar las lagunas detectadas y que la norma que se publique en el Boletín Oficial sea equiparable a las que han promulgado otras Comunidades Autónomas que nos han precedido en la aprobación de leyes de simplificación.