Por Javier Santacruz

Recientemente, el Gobierno de Cantabria aprobó un paquete de medidas fiscales orientadas a facilitar la creación de riqueza en la región. Esto se suma a las modificaciones de los impuestos cedidos parcialmente (IRPF, Patrimonio, ISD…) introducidas en la Ley de Cantabria 03/2023, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que entraron en vigor el 1 de enero de este año.

Tras muchos años de mayor confianza en el sector público que en el privado, cuya prueba más fidedigna ha sido la subida récord de la presión tributaria sobre los salarios situándola por encima del 40% sobre el coste laboral total, el Gobierno de Cantabria está dando pasos en la línea adecuada, los cuales deberían continuar con más rebajas fiscales hasta, como mínimo, acabar con la actual situación discriminatoria de las rentas por encima de 90.000 euros a las que les entra el tipo marginal (24,5%) antes que el tramo estatal (donde el 24,5% entra a partir de los 300.000 euros).

Es comprensible la resistencia del hacendista autonómico a bajar tanto los impuestos propios como los cedidos total o parcialmente. No todos están dispuestos a correr con el coste que supone en el primer año perder algunos puntos de recaudación hasta que se produce una reacción positiva del contribuyente.

En este sentido, la famosa curva de Laffer (bajar los impuestos ayuda a recaudar más a medio plazo gracias a la atracción de capital y actividad económica) ni es automática ni tampoco una verdad inmutable si no va acompañada de reformas administrativas y un marco regulatorio distinto. Éste es el sacrificio presente del hacendista cántabro para obtener una recompensa futura en forma de más actividad, más empresas, más empleo y, en definitiva, más riqueza.

Pero a diferencia de otras épocas, este esfuerzo no se hará en el vacío, sino que cuenta con un volumen muy importante de ingresos fiscales indebidamente cobrados en los últimos años. Gracias a los últimos datos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), hemos confirmado la tesis que los datos parciales nos iban dando sobre el enorme peso de la inflación sobre los impuestos cobrados a familias y empresas. Sólo en el año 2023, el 55% de la recaudación vino por efecto de la inflación. Desde 2021 hasta 2023, la Hacienda central y las Haciendas autonómicas (entre ellas, la cántabra) se han embolsado casi 40.000 millones de euros nuevos en impuestos, llevando a la ratio de presión fiscal sobre PIB muy cerca de la media UE sin que se haya producido ninguna revolución en el modelo productivo o en la demografía empresarial.

Esta situación menoscaba principios constitucionales básicos, empezando por el de capacidad de pago. Una familia o un empresario (más aún si es una pyme o un autónomo) no tienen la obligación de pagar más impuestos si no están ganando en términos reales más dinero. Por ello, es urgente deflactar o corregir por el incremento nominal de las bases imponibles los impuestos, especialmente el que más recauda: el IRPF.

Tanto el Gobierno central como los Gobiernos de las autonomías de Régimen Común han hecho varias incursiones en el ajuste del IRPF a la variación de la inflación. Es el caso del Gobierno de Cantabria que actualizó bases y tipos, además de la eliminación de uno de los tramos que afectaba a las rentas medias.

Mientras tanto, el Gobierno central ha tocado la reducción por rendimientos del trabajo y las retenciones hasta 22.000 euros. Estas medidas están pensadas para que el ahorro real que tiene el contribuyente que hace declaración de la renta sea muy bajo, apenas tenga impacto.

Se deja fuera a 5 millones de contribuyentes que tienen una base liquidable hasta 22.000 euros anuales, tal como se puede ver en la diferencia entre declarantes totales y afectados por la reducción en la Estadística de Declarantes del IRPF publicada por la Agencia Tributaria correspondiente al ejercicio 2020. De hecho, en vez de actuar sobre partidas como los 2.000 euros de gastos deducibles que sí se aplican a todos los 21 millones de contribuyentes de IRPF, acuden a la figura más compleja y con menos beneficiarios. Todo ello aún no es suficiente.

Precisamente, la previsión de la AiREF para 2024 sigue siendo clara en cuanto al efecto de la inflación sobre la recaudación: un 34% del incremento seguirá viniendo de no deflactar los impuestos. Si se quiere hacer bien la deflactación y de verdad, lo primero debería haber sido bajar las retenciones del IRPF tanto para empleados como para profesionales, así como los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades. Este primer punto está dirigido a la Hacienda estatal. Para la Hacienda cántabra, en segundo lugar, es necesario corregir la amplitud de los tramos (por ejemplo, el primer tramo ya debería estar cerca de los 15.000€).

En tercer lugar, aumentar los mínimos personales y familiares, los cuales son clave para evitar que los contribuyentes que se sitúan en los bordes salten de tramo. Y, por último, adaptar las deducciones en cuota, uno de los instrumentos más eficaces para las rentas más bajas.

Deflactar es urgente y no sólo en el IRPF sino también en el resto de los impuestos. Será necesario un análisis a fondo de qué está pasando con las rentas familiares y qué medidas hay que tomar rápidamente para atajar la pérdida de capacidad de compra y generar un atractivo necesario para Cantabria para atraer capitales.

Firman este artículo los siguientes socios de Foramontanos Siglo XXI: Javier Santacruz; Ramón Arteaga; Ramiro Bedia; Carmen Carrión; Casanova, Daniel; Casanueva, Carlos; Castañeda, Manuel Ángel; Conde, Enrique; Diez Iglesias, Francisco; Domenech, Javier; Eraso, Antonio; Aberto Fernández de la Pradilla; Carlos Fernández-Lerga; Tomás Ramón Fernández; José García-Morales; Mercedes Ortega; Juan Manuel Pérez De Guzmán; Gervasio Portilla; Rafael Puyol; Julio Rama; Pedro Rivero; Eduardo Rodríguez-Rovira; Carlos J. Rodríguez; Ignacio Rosales; Carmen Sáiz-Ipiña; Marisol Ugarte; Juan Ramón Vega; Eduardo Zúñiga.