Si esta sociedad está dispuesta a consentir que unos señores de un partido político, puedan utilizar datos fiscales o de otra índole de cualquier persona, con el motivo que sea, es que estamos dispuestos a vivir en una dictadura.
Son datos que son confidenciales y que darlos publicidad, supone vulnerar la privacidad de la personas, la presunción de inocencia y alguna ley más.
Ya sólo por este motivo, aquellas personas que vulnerando la ley hayan proporcionado los datos deben de ser investigadas y por supuesto el organismo de donde haya partido la información debe de realizar una investigación urgente, porque cada vez que se entra en el sistema para conocer datos, queda grabado la persona que lo hace.
Nadie debe de entrar en datos protegidos por la ley y mucho menos personas a las que se supone tener responsabilidad.
Es obvio, que sólo con asunción de responsabilidades se puede sustanciar este grave asunto del intento supuesto de espionaje y del conocimiento de datos de personas físicas sin saber su procedencia al no querer declararla aquellos que la han utilizado supuestamente.
Un estado de derecho no puede tener la “ley de la selva”.
No puede valer todo, no podemos los ciudadanos dejar de proteger nuestro derechos y libertades, la autentica batalla de los próximo años.
