No puede haber Estado de Derecho, ni por supuesto libertades, sin independencia judicial.
Lo que acaba de suceder en España, con la reciente sentencia del Tribunal Supremo condenado al Fiscal General y las reacciones posteriores por parte del Gobierno y de grupos y periodistas cercanos, es una muestra de que demasiadas personas en nuestro país, no parecen aceptar de buena gana las sentencias judiciales, salvo que les sean favorables a sus intereses.
Que todo el poder de un Estado, parezca mover todo su engranaje de poder, para tratar de desprestigiar a un ciudadano anónimo, por el mero hecho de ser novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, es toda un quiebra del estado de derecho.
El borrado de sus teléfonos, la ansiedad por intervenir en un tema menor por parte del Fiscal General, que de no haber sido el novio de la señora Ayuso, a nadie hubiera interesado, sino a las partes en litigio, es un asunto de suma gravedad, como lo es, el partidismo mostrado por algunos, que en vez de ser prudentes, se ha dedicado a criticar una sentencia tan unánime, nada menos que cinco votos de siete.
Vivimos una situación de suma gravedad, en la que un sector minoritario de la sociedad, quiere imponer al resto un relato y unas ideas, sin respetar la pluralidad y mucho menos la concordia.
El proceso iniciado por Rodríguez Zapatero, de fracturar la sociedad e inmiscuirse en su vida, poco menos, dictando cómo se debe de pensar y sentir, es un despropósito más propio de regímenes totalitarios.
Es urgente, una reforma del funcionamiento de la Fiscalía, blindando su independencia total, sin que Gobierno alguno pueda inmiscuirse en sus decisiones.
Nos estamos jugando nuestras libertades.
