No hace falta ser un gran experto e derecho, para darse cuenta que el llamado pasaporte COVID es una ilegalidad por ir en contra de diferentes preceptos que voy a tratar de razonar a continuación, aunque reconozco, que no son buenos tiempos para la verdad y la razón, sino más bien para el relativismo y la mentira.

Para tratar de llevar luz al asunto, recojo del articulo publicado en su día por la Fiscal de Lleida Valerie Oyarzum Fontanet, algunos aspectos fundamentales y meridianamente claros.

Decía en su reflexión Valerie Oyarzum, que el llamado pasaporte COVID, es un documento de corte discriminatorio, estigmatizante, vulnerador de derechos fundamentales y por tanto ilegal, mediante el cual se pretende controlar, limitar la libre circulación de las personas, vulnerando las disposiciones reguladoras de protección de datos y coaccionando de actos médicos invasivos no exigibles, a través del cual, se insta a las personas a someterse a la inoculación de alguna de las vacunas.

Hace pocas horas, la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y médica, Michel Bachelet, ha advertido precisamente que nadie puede ser obligado contra su voluntad a inocularse producto alguno.

Pero volviendo al impecable razonamiento de la Fiscal de Lleida, señora Oyarzum, el citado pasaporte carece de fundamentación científica, este hecho ha sido y es fundamental, para que el derecho de la salud no pueda anteponerse, si no parte previamente de supuestos ciertos, cuestión que nunca se ha demostrado, más al contrario, visto los resultados de Francia, el fracaso ha sido absoluto y es comprobable.

Pero hay un asunto que a cualquier persona sensata, le debiera hacer pensar, los dirigentes políticos no cumplen sus propias resoluciones, lo que no deja de ser un “escandalo”, como demuestra la Resolución 2361 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de este mismo año sobre las consideraciones éticas y jurídicas, en la misma, se pedía utilizar los certificados de vacunación, sólo para el propósito designado de monitorear la eficacia de la vacuna, los posibles efectos secundarios y los eventos adversos y además recordaba a los estados miembros de la UE en su punto 7.3.1,  que se debiera asegurar que los ciudadanos, estén informados de que la vacunación no es obligatoria y –algo fundamental- que nadie padezca presiones política, sociales u otras para ser vacunados, si no desea hacerlo personalmente; además añade en su punto 7.3.2 que se debe velar que nadie sea víctima de discriminación, por no haber sido vacunado, por razón de riesgo potencial para la salud o por no querer ser vacunado.

Cualquier observador neutral, se puede dar cuenta que estas premisas están siendo claramente vulneradas, sin el más mínimo decoro.

Pero aún hay más en el despropósito de muchos dirigentes políticos, en el incumplimiento de lo que dicen sus propios expertos.

La Ponencia de Alertas, que asesora sobre las medidas de control de la pandemia, formada por técnicos de Sanidad y de las diferentes Comunidades  en su reciente reunión del 30 de noviembre, decía lo siguiente sobre el llamado pasaporte COVID.

“No hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión”. “En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentado de forma importante, si bien es cierto dice el informe que sus coberturas vacúnales son muy inferiores a las de España, continua la nota “que es  previsible que en España, con coberturas más elevadas, todavía sea menor”.

Aparece claro, que la clase política, no sigue ni sus propios informes, algo realmente alarmante, máxime cuando se esta hablando de salud y de libertades fundamentales, lo que deja en “pañales” su propia credibilidad.

Dado que los señores Magistrados, basan su decisión en la salud, habría que decirles los siguiente: el pasado verano publicaba el DR. Ladapo, profesor de Medicina de la Universidad de California y el Dr. Risch, profesor de Epidemiologia en la Universidad de Yale, según recoge en uno de los artículos mejor documentados sobre el COVID-19 y realizado por D. Fernando del Pino Calvo-Sotelo, sin duda una personalidad del análisis y la reflexión en nuestro país, que indicaba que “los riesgos de las vacunas Covid 19 pueden superar los beneficios para ciertas poblaciones de bajo riesgo y también en las personas que se han recuperado del COVID-19, puesto que nunca se sabría al escuchar a funcionarios de salud pública, ni un solo estudio ha demostrado que los pacientes con una infección previa se beneficien de la vacunación contra el COVID-19.

Con todo afecto y respeto a los señores Magistrados, pues de los políticos, en general y visto lo visto poco se puede esperar, a finales del mes de octubre una de las revistas más prestigiosas de la medicina THE LANCET INFECTIOUS DISEASES, publicaba que “desafortunadamente la eficacia de las vacunas en reducir la transmisión es mínima en el contesto de la variante Delta y en otro macro estudio realizado en Suecia más recientemente, publicado como pre-print en THE LANCET, va incluso más allá, afirmado que la eficacia de las vacunas Pfizer y Astrazeneca (85 por ciento de las dosis administradas en España), ha caído tan rápidamente que no “tienen ninguna eficacia” para evitar la infección COVID transcurridos siete y cuatro meses desde su inoculación, por lo tanto es obvio como recoge el propio trabajo del señor Del Pino Calvo Sotelo, el pasaporte COVID sea epidemiológicamente inútil e incluso  un peligro par la salud pública.

Una decisión tan grave, como privar de libertades fundamentales, merece estudios solventes y no sólo informes de parte que como la propia gestión de la pandemia, casi nunca aciertan.