La quiebra del estado de derecho, aboca a cualquier país a la anarquía y al desorden.

La decisión del Gobierno de la Generalitat de desobedecer, nada menos, que una sentencia del Tribunal Supremo, sobre el derecho a mantener un 25 por ciento de castellano en las clases de los colegios de Cataluña, debiera de encender todas la alarmas legales y encausar a los responsables de tal desobediencia, nada menos que articulando un decreto ley para saltar la sentencia.

El Gobierno del Estado, está obligado a actuar y no hacerlo sería poco menos que prevaricar.

No es una opción el silencio cómplice, porque sería algo así como justificar el no cumplir las leyes y perder toda fuerza moral para aplicarlas al resto de los ciudadanos.

Es un nuevo reto del Gobierno de la Generalitat, al estado de derecho, a la Constitución y por supuesto a las leyes a los que todos los ciudadanos, estamos obligados a cumplir.

No actuar, simplemente y llanamente, sería una quiebra casi definitiva al estado de derecho y por lo tanto al sistemas democrático.