En la apertura del Año Judicial, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado limitar la llamada acción popular, pidiendo un cambio de procedimientos, porque a su juicio, el Juez Instructor, no puede tener el control absoluto sobre la actividad pública y privada.
Desde luego, hay que tener mucho «cuajo» querer limitar la acción popular, cuando estamos viendo que la Fiscalía General, no parece defender en muchos asuntos, la defensa de los ciudadanos, sino como estamos viendo los intereses del Gobierno.
Gracias a la existencia de diferentes organizaciones, como Manos Límpias, Liberum, Hazte Oir y otras, los intereses de los ciudadanos, pueden ser defendidos y llevados a los Tribunales, algunos casos que parecen «escandalosos», para una gran parte de la opinión pública.
La Fiscalía, debido a su dependencia orgánica vemos como en algunos casos importantes, más parecen actuar no como defensora de los intereses generales, sino como decimos del Gobierno de turno, pareciendo más ser la Fiscalía General del Gobierno.
Llama la atención ,como en algunos asuntos que están de actualidad que afectan al Gobierno o a los aledaños del mismo como la actuación de la Fiscalía, más es defensiva que acusatoria, en la solicitud de investigación de lo sumarios.
Precisamente, lo que habría que reforzar y cambiar, es la dependencia de la Fiscalía General de los Gobiernos y blindar una autonomía total, para que no tengamos que oír frases como :»de quién depende de la Fiscalía», pues claro, dicho en boca del Presidente del Gobierno, está todo dicho.
