Ponerse la Justicia “por montera”, es lo que acaba de hacer el Gobierno con el nombramiento de las dos personas designadas para ocupar el Tribunal Constitucional, por un lado, un ex Ministro de Justicia hasta ocho meses y por otro a una jurista que desempañaba sus labores en el Palacio de la Moncloa, Juan Carlos Campo y Laura Diez respectivamente.
Ya sabemos que por desgracia, siempre el nombramiento de vocales ha tenido sus connotaciones de tipo político, pero ahora ya no se guardan ni las formas, se nombra directamente a personas que hasta “hace un cuarto de hora” han ejercido cargos políticos.
No hay división de poderes y por lo tanto no hay democracia, es algo aparente.
Casi nadie se puede creer, que dada la total vinculación de estos dos nuevos miembros con el actual Gobierno, puedan defender a los ciudadanos ante posibles abusos por parte del Ejecutivo.
Los derechos de los débiles ciudadanos quedan prácticamente sin defensa alguna, ya la vinculación de estos dos nuevos miembros es de tal magnitud, que su nombramiento es obsceno.
No es que otros miembros nombrados anteriormente, no hubieran tenido ciertas vinculaciones de amistad o cercanía ideología con otros Gobiernos, el asunto ahora, es que estas dos personas hace muy poco, eran parte del propio Gobierno que les propone.
¿Quién defiende a la sociedad civil?. ¿Quién defiende a los más débiles ante el poder total del Gobierno?. Pongámonos en lo peor.
