Si los españoles de bien, amantes de la libertad y de la democracia no reaccionamos rápido y exigimos a los dos partidos de la oposición, medidas urgentes y si es necesario una movilización permanente, el estado de derecho en nuestro país puede convertirse en algo del pasado y la democracia quedarse totalmente indefensa ante la voluntad del poder.
La proposición de ley presentada en el Congreso por el PSOE, titulada “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivados de acciones judiciales abusivas” es un proyecto que persigue dejar sin elementos para poder llevar a los Tribunales cualquier corrupción o ilegalidad denunciada en los medios de comunicación, es decir, impedir que se puedan abrir procesos presentados por acusaciones populares basados en informaciones periodísticas.
En definitiva, trata de dejar “desarmada” jurídicamente a la sociedad ante cualquier acción ilegal. Es decir, no se podrían ejercer acusaciones como las realizadas al hermano de Pedro Sánchez o a su esposa, Begoña Gómez.
En realidad, el Gobierno, lo que busca de manera descarada, es la impunidad y una solución a medida para las causas que afectan a los familiares del presidente del gobierno.
La acción popular, un derecho constitucional, queda totalmente inoperativa, lo que además de un claro atentado a la democracia, parece totalmente inconstitucional, pudiendo vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de nuestra carta magna.
En el fondo de la cuestión, se puede destacar que este proyecto es un intento del gobierno de blindarse ante cualquier acción ciudadana, lo que demuestra, en realidad, un intento totalitario de control de la sociedad, impidiendo ejercer los derechos fundamentales ante cualquier ilegalidad.
El asunto es de extrema gravedad y debemos reaccionar de forma inmediata y contundente si no queremos ver nuestra democracia dañada de forma casi irreversible y en manos de gobernantes dispuestos a todo con tal de mantener su poder.
Estamos, sin duda, ante uno de los atentados más graves contra el estado de derecho en España.
Además, por si fuera poco, el texto pretende eliminar el delito de ofensas religiosas, una decisión que demuestra el carácter sectario y lamentable del proyecto de un gobierno sitiado por casos de corrupción y dispuesto a cualquier decisión.
No es exagerado decir que si no paramos entre todos este proceso, vamos camino de ser una democracia aparente y estar más cerca de países totalitarios.
