El tiempo suele poner las cosas en su sitio y la Justicia también, aunque a veces demasiado tarde y sin posibilidad de reparar el daño sufrido, como ocurre en este caso.
El Tribunal Superior de Justicia, ha dado la razón a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria, al anular la resolución del anterior Consejero de Sanidad que establecía la limitación de horarios de cierre al ocio nocturno en lo que se llamaba niveles de riesgo 1 y 2.
En una segunda sentencia ,se anula el anexo de poblaciones en el que se asignaban niveles de riesgo de cada una de ellas, lo que se llamaba semáforo COVID.
En realidad, son sentencias de libro por vulnerar derechos fundamentales como han vulnerado las Comunidades Autónomas y por supuesto el Gobierno de la Nación.
El problema es de fondo. ¿Como es posible que diferentes administraciones con sus equipos jurídicos, aprueban decretos contra valores fundamentales, que recoge la Constitución y por supuesto diferentes tratados internacionales suscritos por España.
En realidad, la pandemia del COVID, ha servido en muchos países, para dar una especie de “golpe de estado” con apariencia legal, siguiendo instrucciones desconocidas y que hace posos años nos hubiéramos aceptado.
Las libertades y los derechos son la espina dorsal de cualquier democracia y no respetarlos es un hecho de suma gravedad, que debiera de tener severos castigos y por supuesto disculpas de gobernantes con “tintes” totalitarios.
El problema no es de las Comunidades, ni siquiera de los Estados, sino de los “cerebros” de esta ingeniería social, que deben de ser descubiertos y que la sociedad debiera tener el derecho a conocer.
Nadie tendrá la humildad de pedir perdón, nadie aceptará responsabilidad y con “desvergüenza” dirán que todo era por nuestro bien, para salvar vidas.
