Seguridad y libertad, son dos palabras que tienen que conjugarse con equilibrio.
Sin embargo, en lo últimos años en España, se está rompiendo todo tipo de equilibrios en beneficio de una supuesta seguridad.
El «gran hermano», que se ha creado desde el Ministerio del Interior, con la petición de datos particulares, de las personas que quieren alojarse en un hotel o en una casa rural, más parecen de la China comunista.
Se quiere pasar de la petición de nueve datos fundamentales, a 42 datos, entre ellos, correo electrónico, teléfono, parentesco de las personas que se alojan, datos de la transacción.
En definitiva, con el pretexto de una falsa seguridad, lo que realmente se pretende, es un control social, que vulnera cualquier privacidad y derecho personal y nos convierte a los ciudadanos en elementos a controlar.
Creo sinceramente que esto es inconstitucional, pero teniendo en cuenta la composición del Tribunal, habrá que esperar dictámenes más elevados en Europa, para frenar esta bochornosa norma, más propia de las dictaduras.
