Cuando los ciudadanos tienen que defenderse de los delincuentes; porque aquellos políticos que tienen que legislar no protegen sus haciendas y sus derechos, es que el estado de derecho está en una situación muy delicada y peligrosa para el propio futuro de los ciudadanos.
El derecho que la Constitución recoge de poder tener una vivienda digna, es un derechos encomiable y justo pero en modo alguno puede utilizarse para perjudicar a otras personas gravemente.
Es decir, el que unas personas porque se encuentran sin vivienda, supuestamente, tomen la vivienda de otras personas, es un “dislate” y una vulneración de la ley, que debe de solucionarse de manera inmediata con un desalojo fulminante.
Los ayuntamientos deben tener medios proporcionados por el Estado y las Comunidades Autónomas, para solucionar con justicia los problemas de vivienda.
No pueden ser los ciudadanos que pagan sus impuestos, los que tengan que “cargar” con el daño de una ocupación ilegal de su vivienda.
En torno a los llamados “okupas”, se han creado autenticas “mafias” que trafican con las propiedades de otros, lo que no quiere decir, que no existan casos concretos de autentica necesidad , que debieran de ser las autoridades competentes, las que dieran una solución justa y digna, pero nunca a costa de otros ciudadanos.
Se están produciendo casos “sangrantes” que el Gobierno de la nación no quiere reconocer, en un “populismo” impropio de un estado de derecho.
