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martes, diciembre 10, 2024

CIUDADANOS DESPROTEGIDOS

Cuando los diferentes Gobiernos, no respetan sus propias leyes, están hurtando a los ciudadanos sus derechos y libertades y en el fondo están dando una especie de “golpe de estado” incruento  pero real, al estar despreciando las leyes que la sociedad de cualquier estado democrático se ha dado, incluyendo cuando se incumplen los propios tratados internacionales suscritos por los diferentes naciones.

A continuación voy a referirme a dos ejemplos claros, en los que los gobiernos de turno incumplen de forma clara sus propias recomendaciones.

Así el 27 de enero de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptaba la resolución 2361 (2021) denominada “Vacunas Covid-19 consideraciones éticas, legales y prácticas».

El texto comienza haciendo referencia a los múltiples problemas provocados por la pandemia del COVID-19 a los largo del año 2020, tanto en la salud como en la economía y reconoce el papel que las vacunas podían tener en la recuperación de nuestras vidas.

Sin embargo, la estrategia que plantea en su resolución, esta muy alejada de lo que han hecho y hacen algunos gobiernos y en España algunas Comunidades Autónomas, lo que es realmente muy grave.

Así la resolución insta a la UE y a los Estados miembros del Consejo a que cumplan diferentes cuestiones y exigencias:

–Deben garantizar que los ciudadanos sean conscientes de que la vacunación no es obligatoria.

-Deben vigilar que ninguna persona sea presionada para vacunarse, si no desea hacerlo; deben controlar que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado o no querer vacunarse. Realmente está última cuestión es muy importante porque debiera de suponer un freno a cualquier intento de política o práctica estatal o europea basada en la distinción entre vacunados y no vacunados, como medidas de presión para forzar inoculaciones no deseadas. Tampoco se podrá permitir que dicha discriminación la propicien los propios particulares.

Por lo tanto es muy claro y evidente que las autoridades no pueden obligar ni directa ni indirectamente a que la gente se vacune contra el COVID-19 si no lo desea, ni pueden permitir discriminar ni permitir que se discrimine a quienes no deseen vacunarse.

Por lo tanto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, solicita también que se debe proveer información transparente sobre la seguridad y los posibles secundarios de las vacunas  y pide contra efectos de las vacunas y por otro lado se insta a los Estados y a la UE, a que comuniquen el contenido de los contratos de las farmacéuticas.

Es obvia, la desobediencia y el descaro en el incumplimiento de las propias resoluciones por parte de muchas administraciones, en realidad es un insulto a la inteligencia.

Podemos ahora, recoger otra forma de incumplir recomendaciones de los propios técnicos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Así la Ponencia de Alertas, que asesora sobre las medidas para el control de la pandemia y que está formada por técnicos del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas, avisaba en un documento del pasado 23 de noviembre que “no está demostrado que el pasaporte COVID sirva pare reducir los contagios en España«.

La Ponencia asegura que “no hay evidencia que esta medida tenga un efecto en la reducción en la transmisión». “En los países del entorno  europeo donde se está utilizando, los caos están aumentando de forma muy importante”.

Vemos como en España, algunas Comunidades no han seguido estas recomendaciones y otras como Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, y Castilla y León y Aragón parcialmente si lo han seguido.

Es decir hay bastantes Comunidades en los que sus gobernantes, se saltan recomendaciones del tipo que sea y coartan libertades y derechos, algo realmente muy grave.

¿Ante esto, que podemos hacer los ciudadanos

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