El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ha sido señalado por la Audiencia Nacional (AN), al ver en el «indicios suficientes» de un presunto delito de fraude de subvención al haber podido destinar los 210.000 euros recibidos para las obras de los campos de fútbol de Tanos en Torrelavega, a otros fines diferentes, continuando así las investigaciones con una de las piezas separadas del conocido como ‘caso Soule’.
Así consta en un auto dictado este 13 de enero por el juez de la AN, Francisco de Jorge, que pide que se continúe el procedimiento contra Peláez y el exsecretario general y tesorero de la Federación Cántabra, Guillermo Nalda, al que se atribuyen los posibles delitos de estafa procesal en grado de tentativa a y de falsedad en documento oficial, por emitir una certificación en torno a esta subvención consciente de que lo que afirmaba «no se correspondía con la realidad» y con ello tratar de «ocultar los hechos» que se investigan.
El ‘caso Soule’, investiga principalmente al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar por la obtención de una serie de contratos entre 2007 y 2017, que presuntamente beneficiado económicamente a su hijo Gorka en una cantidad de 4,5 millones de euros, por la celebración de varios amistosos de la selección española.
En esta pieza separada que afecta a José Ángel Peláez, el juez de la AN entiende que los indicios existentes son suficientes por su carácter incriminatorio al considerar que los argumentos ofrecidos por la defensa del Presidente de la Federación Cántabra de Fútbol no tienen «suficiente potencia o fuerza» para que se pueda desechar el presunto delito.
De esta forma el juez el juez Francisco de Jorge, da un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en la que se acusa a Peláez de desviar la subvención de 210.000 euros que recibió la Federación Cántabra, a través de la Federación Española, procedente del Consejo Superior de Deportes con cargo a la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego que debían ir destinadas al Ayuntamiento de Torrelavega para las obras de remodelación de los campos de fútbol de Tanos.
Pero Peláez «no habría procedido a transferirla inmediatamente» al Ayuntamiento como era su destino, sino que, «ocultándolo a la Federación Española de Fútbol habría destinado los fondos a otros fines, agotándolo en apenas siete meses».
Se le acusa a Peláez de haber realizado retiradas de efectivo que suman 34.150 euros y diversos pagos por cuenta de la Federación por importe total de 160.502 euros. Este impago al Ayuntamiento les llevó a llevar a cabo diversas reclamaciones al Consejo Superior de Deporte y a la Real Federación Española de Fútbol, que finalmente determinaron que el 6 de mayo de 2016 el investigado transfiriera 210.000 euros obtenidos de un préstamo solicitado a la Federación Española de Fútbol. Ante esta situación la Federación Española tuvo que reintegrar al Consejo Superior de Deportes el importe de la subvención, asumiendo ese gasto con cargo a su propio patrimonio.
En cuanto el exsecretario general de la Federación de Cantabria, Guillermo Nalda, este «con la finalidad de ocultar los hechos descritos que estaban siendo investigados» emitió una certificación dirigida a la Federación Española «conociendo que ésta la presentaría ante el Juzgado de Instrucción», consciente de que «la afirmación no respondía a la realidad» con el fin de «obtener el archivo de la causa».
Nalda, afirmaba que una parte de los 680.000 euros transferidos por la Federación Cántabra de Fútbol a la Real Federación Española a fecha de 10 de julio de 2015, correspondían a 230.500 euros por el concepto de devolución del importe comprometido por convenio de esta Federación por el campo de Tanos.
