El pasado año 2023, volvimos a batir récord en la llegada de inmigrantes ilegales a España. No se registraban cifras tan altas desde 2018, con un incremento del 82% con respecto a 2022. El centro de análisis Funcas estima que en torno a 700.000 personas extranjeras viven en situación de irregularidad en España actualmente, ya que, según sus cálculos, a principios de 2023 ya residían en el país 686.111 personas en esta condición y la tendencia es creciente.

Desde que Sánchez asumió el gobierno, no ha dejado de incrementarse la llegada a España de inmigrantes ilegales. El porcentaje de extranjeros residentes en España en 2023 ha alcanzado cifras récord, en torno al 17,8%.

Esta invasión migratoria es promovida por el Gobierno de Sánchez siguiendo las directrices de las élites de Bruselas. En lugar de apostar por el fomento de la natalidad, el apoyo a las familias y a los trabajadores que desarrollan su labor legalmente en España, la inmigración legal y ordenada hacia los sectores productivos con mayor necesidad, quienes gobiernan han decidido implementar un modelo de inmigración descontrolada que genera numerosos problemas.

“Acabamos de conocer que el Gobierno central planea trasladar a Cantabria a 179 menores extranjeros no acompañados provenientes de Canarias. Esta medida está incluida en el acuerdo que están finalizando el Ejecutivo nacional y el insular. Nuestra comunidad sería la sexta que más menores recibiría y la segunda por población. Con esta cifra de 179 MENAS, Cantabria superaría a Galicia, Asturias y País Vasco” ha manifestado la portavoz de VOX, Leticia Díaz.

España debe tomar medidas inmediatas para evitar que nuestras ciudades sigan el modelo de sociedades multiculturales que han demostrado ser un fracaso en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están experimentando demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado y defendido en el Pleno de este lunes una proposición no de ley apoyando una serie de medidas, entre las que destacan:

• Eliminar subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones o entidades que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal. Luchar contra las mafias de tráfico de personas.
• Promover la repatriación de los menores extranjeros junto a sus familias para ir cerrando paulatinamente los centros de MENAS, que crean inseguridad en nuestras calles.
• Introducir el requisito de residencia legal, no el mero empadronamiento, en las bases de toda subvención.
• Oponerse a la reubicación en Cantabria de cualquier inmigrante ilegal que no haya solicitado protección internacional.
• Agilizar la tramitación de los expedientes de asilo y refugio.

Una proposición de sentido común, que trata de evitar en lo posible el colapso del sistema de atención social y sanitaria de Cantabria, así como evitar el efecto llamada que propicia un buenismo mal entendido, sin perjuicio de la asistencia de emergencia y primeros auxilios a los inmigrantes por razones humanitarias para su inmediata repatriación.

En este sentido y en el marco de las elecciones catalanas, se había manifestado el PP del señor Feijóo. Sin embargo, a la hora de votar la propuesta de VOX, los populares han vuelto a retratarse, votando junto a la izquierda y el regionalismo para rechazar la proposición no de ley.