La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a veinte hombres por tráfico de drogas y les ha impuesto penas de hasta dos años de prisión y multas que en algún caso suman 125.000 euros.

El juicio estaba señalado para hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, pero al inicio del mismo el ministerio fiscal y las defensas de los acusados han alcanzado un acuerdo.

La fiscalía ha considerado que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que la causa se ha retrasado más de diez años por causas ajenas a los acusados. Por eso, ha rebajado las peticiones de pena solicitadas inicialmente.

Según explica el escrito que han suscrito todas las partes y que el tribunal ha llevado a sentencia, los veinte acusados se dedicaban al tráfico de cannabis, cocaína y anfetamina, sustancias que procedían, principalmente, de Cataluña y Panamá.

Tras distintas investigaciones realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Castro Urdiales incoó diligencias contra estos veinte acusados, algunos residentes en Cantabria, otros en el País Vasco, en La Rioja y en Cataluña.

Uno de los hechos objeto de este procedimiento tuvo lugar en Francia, donde dos de los acusados que habían viajado a Barcelona a cargar droga abandonaron un vehículo con un cargamento de casi 500 kilos de marihuana, valorada en 250.000 euros, cuando gendarmes franceses les dieron el alto.

Otro de los hechos investigados parte del seguimiento a otros de los acusados, que llevó a los investigadores hasta Torredembarra, donde cargaron droga en el domicilio de otro de ellos, y regresaron a Erandio.

Allí, en el momento en la entrega de la mercancía la Guardia Civil intervino diez kilos de anfetamina y cinco kilos de cafeína con la que cortar la droga, sustancias valoradas en 400.000 euros.

Finalmente, en este procedimiento también se investigó la recepción de un paquete procedente de Panamá que contenía 990 gramos de cocaína, valorada en 30.000 euros.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar en los años 2012, 2013 y 2014, y constituyen delitos contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño, delitos contra la salud pública de sustancias que sí causan grave daño y delito de falsedad en documento oficial, por el uso de matrículas falsas.