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sábado, octubre 1, 2022

Varapalo de la Jusiticia al Gobierno de Cantabria al decretar la ilegalidad del cierre del ocio nocturno y el semáforo covid

Las sentencias confirman que el exconsejero Miguel Rodríguez (PSOE) «no tenía competencias» para imponer algunas restricciones que dictó durante la pandemia

Duro varapalo para el Gobierno de Cantabria, después de que la Justicia haya declarado ilegales el cierre del ocio nocturno y la imposición del semáforo covid durante la pandemia, al decretar que la Consejería de Sanidad no tenía competencias para poder tomar estas decisiones.

Como siempre, la Justicia llega tarde para dictaminar sobre unas decisiones que en su día se impusieron y se llevaron a cabo con perjuicio para los empresarios y ciudadanos de Cantabria y que ahora ha dictaminado que el consejero de Sanidad. Miguel Rodríguez no tenía competencias para establecer estas restricciones durante la pandemia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ha vuelto a dar la razón a la Asociación De Empresarios de Hostelería en dos nuevas sentencias Covid notificadas el pasado lunes, 4 de julio».

En la primera de ellas se ANULA la Resolución del Consejero de Sanidad que establecían la limitación de horario de cierre al Ocio Nocturno en niveles de riesgo 1 y 2.

En la segunda, anula el Anexo de poblaciones en el que se asignaban los niveles de riesgo de cada una de ellas, lo que se conocía como semáforo covid.

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria han querido resaltar «que estas dos sentencias, más las dictadas con anterioridad, confirman que el Consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, no tenía competencias para dictar disposiciones generales» dirigidas a la totalidad de la población de Cantabria en materia de derechos y libertades entre los que se encuentra el ejercicio de la actividad empresarial.

La pregunta que ahora hay que hacerse es ¿Qué responsabilidades tienen ahora quienes adoptaron esta decisión?, ya que si bien fue el consejero de Sanidad, el socialista Miguel Rodríguez, el que tomó la decisión, esta fue avalada por todo el Gobierno de Cantabria, en perjuicio de los empresario y ciudadanos de la región y no parece que esto vaya a tener ninguna repercusión judicial ni económica para ellos.

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