El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha reabierto la investigación sobre la desaparición en 1992 de las niñas Virginia Guerrero y Manuela Torres, vecinas de Aguilar de Campoo y que fueron vistas por última vez en Reinosa (Cantabria).

Casi treinta años después vuelve a activarse judicialmente el caso de las dos niñas que desaparecieron el 23 de abril de 1992 cuando volvían de fiesta de Reinosa. En la carretera, un coche blanco se paró delante de las chicas cuando hacían autostop y las recogió. Desde entonces, nadie las volvió a ver ni a saber nada de su paradero.

La resolución judicial se ordena volver a abrir las diligencias de investigación en torno a este caso, en el que hay información bajo secreto de sumario en una reapertura de la investigación que se ha decidido a raíz de la difusión, el pasado mes de febrero, de una información en un programa de televisión recordando esta desaparición y solicitando también la colaboración ciudadana.

El criminólogo Ramón Chippirrás, del Despacho Balfagón & Chipirrás, despacho criminológico jurídico que representa a la familia de las niñas, a explicado que a parir de esa noticia se produjo una llamada de una mujer a la que, un año antes de la desaparición de Virginia y Manuela, había sucedido algo parecido, también cuando hacía auto stop en compañía de una amiga con la que regresaba de unas fiestas.

Lo cierto es que en aquella ocasión ambas lograron escapar del vehículo -de las mismas características en el que al parecer se subieron Virginia y Manuela cuando fueron vistas por última vez-, aunque no denunciaron nada porque al igual que las menores de Aguilar habían salido de casa sin el permiso de sus padres.

Casi tres décadas después de lo ocurrido y tras ver el citado programa de televisión, esa mujer ha decidido denunciar los hechos ante la Guardia Civil y se ha acordado así la reapertura de las actuaciones judiciales. Un auto de reapertura que va acompañado de otras diligencias, como un mandamiento para verificar la versión de esa testigo y para la identificación de posibles sospechosos que tuvieran relación con lo ocurrido, todo ello en el marco de la investigación reabierta y que continúa su curso.

El 29 de julio pasado la juez ha emitido una providencia en la que remite a la Guardia Civil todos los datos recabados e insta a esta institución a seguir investigando.