La situación de la nueva concesionaria del servicio de ambulancias de de la Consejería de Salud, Diavida, es crítica y eso que acaba de hacerse con la concesión, ya que debe la nómina del mes de octubre a sus trabajadores, ha sido una de las afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, donde tiene su sede y según su gerente, ha sufrido un sabotaje en algunas de las ambulancias que prestan el servicio en Cantabria.

El propio consejero de Salud, César Pascual, reconocía este pasado lunes, la delicada situación de la nueva concesionaria del servicio de ambulancias programadas, tras no abonar la primera mensualidad a sus 136 trabajadores, tras comunicarles la empresa que se encuentra en «una situación muy delicada porque la DANA les ha afectado terriblemente en Valencia», por la que han perdido el 50% de su infraestructura pero aún no les ha comunicado «alternativas».

«Si no es capaz de prestar el servicio por su situación, habrá que tomar otro tipo de determinaciones», señalaba Pascual, mientras que desde la concesionaria, su gerente, Antonio Moreno, culpaba del impago de la nómina al Banco de Santander «Nos ha hecho polvo» por negarles «el crédito», alegando «que estábamos en quiebra técnica en Valencia tras la DANA y eso no es verdad», una situación que «nos ha hecho perder dos semanas, es lógico que los trabajadores se pongan nerviosos, entiendo perfectamente el cabreo».

«Estamos solucionando el problema, a través de otra financiera, el personal puede estar tranquilo, pagaremos. Y a partir del mes que viene, les garantizo que recibirán su nómina el día 30», aseguraba el gerente de Diavida.

Antonio Moreno también ha hablado los «sabotajes» que están sufriendo algunos de sus vehículos en Cantabria y que les tiene preocupados porque «Puedo entender el malestar por el retraso en la nómina, pero de ahí a poner en riesgo la vida de un compañero… Y es eso lo que ha hecho el loco que cortó los cables de freno de tres de nuestras ambulancias en Cartes. Ha podido causar un accidente grave», algo que no ha ocurrido porque por suerte «el técnico que cogió uno de esos vehículos pudo pararlo a tiempo, después de llevarse un tremendo susto. De verdad, ¿no han pensado en las consecuencias de esos actos?», además «también cortaron el tubo del gasoil y los cables de la instalación eléctrica», algo que ha denunciado ante la Guardia Civil.

Para el Gerente de Divida este conflicto laboral no solo es por el impago de la nómina del mes sino porque «me he negado a pagar a determinadas personas, que están precisamente en el comité, 350 euros más al mes que me pedían».

Lo cierto es que en el tiempo que lleva prestado el servicio en Cantabria Divida (casi 40 días) las cosas no han funcionado como debía y de hecho ante las quejas de los usuarios, el SCS ha abierto un expediente sancionador, que puede ascender hasta 100.000 euros de penalización en el coste del servicio.