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jueves, septiembre 19, 2024

Santander y Torrelavega colapsadas por las protestas contra la «Ley Celaá»

Los organizadores estiman que cerca de 1.400 coches han participado en la protesta en la capital cántabra y más de 500 en la ciudad del Besaya

Las protestas contra la «Ley Celaá» han vuelto a colapsar las dos ciudades más importantes de Cantabria como son su capital Santander y Torrelavega, en una protestas que llevado a miles de vehículos a exigir una ley educativa fruto del pacto y el diálogo.

Cerca de 1.500 vehículos en Santander y otros 500 en la ciudad del Besaya ha formado la denominada «marea naranja» según los datos estimados por los organizadores la Plataforma Más Plurales.

En la Capital cántabra, los participantes han hecho sonar las bocinas durante el recorrido, que se inició en el Sardinero y tras pasar por el centro de la ciudad llegó hasta Cuatro Caminos, mientras que em Torrelavega los vehículos se concentraron en el Mercado Nacional de Ganados, Jesús Collado Soto, para desplazarse por las principales calles de la ciudad.

Las organizaciones convocantes Más Plurales, CONCAPA, los sindicatos FSIE y FE-USO, las patronales Escuelas Católicas, Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) y Reli es Más, han pedido «la inminente aprobación de una ley de educación sin diálogo, sin negociación y sin consenso político y social» criticando además que «la LOMLOE tiene una enorme carga ideológica que restringe derechos y libertades individuales y colectivas».

«Una escuela plural, gratuita y universal y ello sólo es posible si hay diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios» ha reclamado desde las plataformas que ha convocado la manifestación, exigiendo al Estado que cumpla «con su obligación de financiar los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos».

En el manifiesto que han leído piden que se «respeten los derechos y acuerdos internacionales de la asignatura de religión, opción mayoritaria de la familias españolas» además de una dotación «suficiente» para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.

Por último han anunciado que continuarán denunciando esta ley para «minimizar sus nefastas consecuencias hasta que se cambie nuevamente fruto de un verdadero Pacto Educativo» que contente a todas las partes.

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