Que la Comisión Europea quiere ir a un ritmo y en España vamos a otro está bastante claro en la mayoría de las decisiones que adopta este organismo, que está cargado de burócratas y malos políticos, como han demostrado en la mayoría de sus decisiones y una de ellas es querer implar en todos los países de Europa, la zona de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes desde el uno de enero de 2023, sin tener en cuenta, ni la idiosincrasia de cada país ni si están preparados para ello.

De este forma ni Santander, ni Torrelavega, implantarán esas zonas de bajas emisiones a sus ciudadanos, como va a ocurrir en la mayoría de ciudades españolas, porque hoy por hoy no están preparadas para ellos, ni tampoco están muy convencidos de hacerlo, por mucho que lo imponga la Comisión Europea, empañada en controlar la independencia que cada país debe tener.

Aplicar estas zonas de bajas emisiones supone restringir el trafico en ciertas calles de cada ciudad, principalmente los centros urbanos, limitando de esta manera el acceso de aquellos que quieran ir o bien de compras o a realizar cualquier gestión a estas zonas de la cada ciudad.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido una prórroga de la puesta en marcha de las ZBE hasta enero de 2024, un año más tarde de lo previsto (enero de 2023), porque muchos ayuntamientos no puede llevar a la práctica el cumplimiento de la norma en dicho plazo al no estar preparadas para ello.