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domingo, mayo 9, 2021
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Revilla señala que consultarán al TSJC cualquier restricción que quieran aplicar cuando finalice el estado de alarma

El Presidente regional cree que el peso de estas decisiones "va a descargar" en los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma

El Presidente del Gobienro regional, Miguel Ángel Revilla, a asegurado que el Ejecutivo cántabro consultará antes de aplicar cualquier restricción que afecte a los derechos fundamentales, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a que a partir del levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Antes de aplicar restricciones de derechos fundamentales de las personas recogidos en la Constitución española, como el toque de queda o el cierre perimetral de la comunidad lo consultarán antes al TSJC porque «no podemos tomar una iniciativa, a expensas de que luego la aprueben o la rechacen» ha dicho Revilla.

«Si la situación se pusiese muy grave, muy grave, y eso lo tienen que decidir Sanidad, cualquier decisión que vaya a tomar Cantabria tiene que pasar previamente por la consulta al Tribunal Superior de Justicia de la región«, buscando su respaldo, insistía el Presidente regional porque «si lo tiene se aplicaría y si no lo tiene no se aplica».

Ante la aprobación este martes del Gobierno central de un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo tras el fin del estado de alarma que, entre otras cosas, va a permitir a las comunidades autónoma acudir al Tribunal Supremo para recurrir las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma sobre las restricciones que aprueben contra la pandemia.

Revilla, se mostraba escéptico con esta medida porque esto «no soluciona el tema» por los plazos, porque «yo creo que para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la pandemia sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial. Lo que actúa con rapidez son los tribunales superiores de justicia».

Por último, en cuanto a los cierres perimetrales como el que ha anunciado el Gobierno vasco para cuando acabe el estado de alarma, el presidente regional tiene dudas sobre su legalidad porque «no sabe» ese decreto tendrá validez ante los tribunales «suficiente entidad» para impedir la movilidad de las personas, porque afecta a «una de las esencias de la democracia».

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