El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, se niega a bajar los impuestos porque el Gobierno de Cantabria está haciendo lo que puede en esta coyuntura global y la comunidad autónoma “no van tan mal la cosa” ya que este verano ha recibido más visitantes que nunca.
Ante la petición de la líder de la oposición, María José Sáenz de Buruaga (PP) de que baje los impuestos, Revilla ha señalado que lo que hay que hacer no es bajar impuestos sino atender a la gente con medidas como las que están llevando a cabo el Gobierno cántabro.
Y es que Buruaga ha instado al Gobierno a deflactar el tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a los 60.000 euros, como, han hecho algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, donde gobierna Ayuso.
“Quien pretenda que con una bajada del IRPF de los cántabros arreglamos el problema de la guerra de Ucrania o cambiamos la situación económica de la región se equivoca”, ha sido la respuesta del Presidente regional.
Revilla ha hecho hincapié que su Gobierno trabajar para “intentar” que los datos de Cantabria sean “buenos” y los “agoreros” que ya dan por hecha la recesión “no acierten” en sus previsiones.
En su intervención, el Presidente del Ejecutivo, ha avanzado que el “objetivo principal” del Gobierno de coalición de Cantabria, PRC-PSOE, a esta última legislatura, será hacer que la comunidad autónoma tenga un “muy buen” Presupuesto para 2023, algo que Buruaga pide que sea un “presupuesto pactado que valga a todos, gobierne quien gobierne tras las elecciones de mayo”.
Revilla ha afirmado que el Gobierno buscará que las cuentas de 2023 “den respuesta al gran reto” que supone el panorama actual con el coste de la energía y la “incidencia tan desfavorable” que está teniendo la guerra en Ucrania y ha subrayado la necesidad de unos Presupuestos que sean “expansivos”, y que en las cuentas del próximo ejercicio el límite de gasto no financiero crecerá un 5,3% sin contar con los fondos europeos.
Para Revilla la solución a la que “está cayendo” no está aquí, sino que debe llegar desde Europa y España con medidas “combinadas” que ayuden a las comunidades autónomas.
